El tema que presento es uno de los más sensibles y delicados que puede haber en un gobierno representativo, basado en una estructura jurídica y un régimen político que consolide el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, siendo toral como una de las premisas fundamentales el respeto a la libertad de todos y cada uno de los mexicanos.
En esta tesitura voy a rememorar que en el año 2010 se celebró en esta ciudad una reunión auspiciada por los diputados del Congreso del Estado en el Poliforum para discutir sobre el nuevo Código Procesal Penal de Guanajuato, que a la postre fuera derogado y sustituido por el Código Nacional, pero en mi calidad de ponente hice una advertencia a la Comisión de Diputados y el Foro de Abogados presentes que se tuviese cuidado con estas reformas porque con la libertad no se jugaba.
A partir de esa fecha, en diversas columnas y en los foros que he participado, he insistido que la paz, tranquilidad y la seguridad pública de México y particularmente la de Guanajuato se encuentra en tela de juicio. Me constriño a una de estas que traigo a colación que escribí en el invierno de 2016, cuando expresé que los guanajuatenses hemos sacrificado nuestra libertad en aras de la seguridad y ahora tenemos menos libertad y más inseguridad, por ello, me causa alarma que en estos recientes días, la Suprema Corte de Justicia abrió un agujero negro que permitirá que las policías de México que, en teoría, son los garantes de nuestra seguridad, ahora pueden convertirse en un instrumento de abuso del poder, flagelando a los mexicanos con prepotencia, tortura y todo lo que esto conlleva. Quiero ser puntual, la Corte en un intento desesperado de parar al crimen sacrifica a los ciudadanos y legitima que la policía pueda llevar a cabo investigaciones con base en sospechas, revisiones en caso de que, según estos, haya una denuncia formal. Señores, si acaso hubiese una denuncia formal o informal con el Código Nacional como instrumento, que establece protocolos y procesos, ipso facto, puede un policía obtener tanto una orden de cateo como una orden de aprehensión, pero ahora, si existe una sospecha razonada o una falta de colaboración, apoyándose en una denuncia informal, la policía actuará en contra de cualquier ciudadano, según su criterio.
Sin ambages afirmo que la seguridad actual ha sido un fracaso porque no basta con resolver asuntos aislados, sino que la inseguridad ha ido permeando y calando hondo en todos los sectores de nuestra sociedad. Nuestro país toca fondo día con día y hoy acabamos de vivir la legitimación, desde mi perspectiva, de un gran toque de queda que se vivirá en todo México e increíblemente la institución que por excelencia ha sido el último baluarte de la defensa de los mexicanos ha emitido un fallo a favor de que se trastoquen los derechos fundamentales de la libertad y demos paso nuevamente al peligro de los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En la doctrina y en los códigos, el proceso penal prohíbe detenciones prolongadas, otorga la garantía de guardar silencio y no obliga al imputado a declarar en su contra, es decir, a autoincriminarse, le permite y lo coloca en posición de tener una defensa adecuada.
Sería mejor derogar el artículo 11 Constitucional que establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio, y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, etcétera, pero a partir de esta nueva resolución de la Corte se obligará a que cada ciudadano mexicano que se traslade en un vehículo porte, además de su licencia, un salvoconducto o una carta de no antecedentes penales, porque las detenciones podrán ser indiscriminadas.
Quiero cerrar con dos ideas esta columna, México está ante los ojos del mundo como un país que se encuentra en una verdadera crisis de derechos humanos, así lo visualizó el alto comisionado de la ONU cuando declaró que en México existía una tortura generalizada, agregando: “No maten al mensajero por ignorar lo que sucede en México sobre una crisis de derechos humanos, no es lo conveniente”. Tan es así que el Inegi estableció que la percepción en este país es que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros.
Por último, los que vivirán este azote contra los derechos fundamentales de libertad serán los jóvenes, porque al amparo de un uniforme y de una placa estamos a punto de vivir la ley del garrote, que no es otra cosa que la ley del más fuerte, en suma cualquier uniformado que se supone que está para ayudar, orientar y proteger al ciudadano se perderá en el marasmo de su actuación y por ende so pretexto de la seguridad se convertirá en una verdadera represión hacia el ciudadano en sus derechos civiles y políticos.
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Sabemos que con esta nueva forma de ver el Derecho ya no será necesaria la Ley de Seguridad Nacional, porque a partir de estos momentos se abre una ventana de violaciones a los derechos humanos.
