Por: Gerardo Trejo Veytia
Secretario General de Coparmex
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Para alcanzar la prosperidad de todos los mexicanos es indispensable que nada ni nadie esté por encima de la Constitución; sólo respetando los principios constitucionales podemos lograr una sociedad más justa, prospera y en paz.
La Constitución es la norma fundamental que garantiza un Estado democrático, asegurando el equilibrio entre poderes, marcando facultades y limites a los tres órdenes de gobierno, así como los derechos y responsabilidades de los ciudadanos; también da las bases de la certeza jurídica y confianza para la inversión.
La principal obligación de cualquier gobernante o representante popular es: cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por eso es incomprensible la aprobación reciente en el Congreso de la Unión - a propuesta del Ejecutivo y con votos de la bancada mayoritaria del partido en el poder - de leyes que transgreden claramente la Constitución.
Me refiero a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica que atentan contra los derechos constitucionales de libre competencia y concurrencia. También la reforma que amplía dos años el periodo del Ministro Presidente de la Suprema Corte que va en contra de los tiempos y el proceso de renovación que marca la propia Constitución, así como la reforma en materia de telecomunicaciones que condiciona y exige la entrega de nuestros datos biométricos.
La propuesta y aprobación de leyes que transgreden directamente la Constitución dañará aún más la certeza jurídica y la confianza para invertir en nuestro país. La mayor afectación se da en la inseguridad jurídica que se genera al no seguir el proceso necesario para poder cambiar la Constitución, aparte de lo inconveniente de las propias leyes. Especialmente grave sería restar autonomía e independencia al Poder Judicial, quien debe ser el principal garante de nuestra Constitución.
La certeza jurídica y la confianza son indispensables para que aumente la inversión privada, que es la base del crecimiento económico y la generación de empleos formales. El mejor programa social de combate a la pobreza es asegurar las condiciones necesarias para la creación de más y mejores empleos y para ello es indispensable vivir en un Estado de Derecho.
Todos los ciudadanos debemos ser Guardianes de la Constitución y exigir a nuestros gobernantes y representantes populares que respeten la Constitución y vean en todo momento por el bien común y la prosperidad de todos los mexicanos. Nada ni nadie por encima de la Constitución. #OpiniónCoparmex
