<Inconcebible un Fiscal General que no sea C. Zamarripa>
El asunto más importante que contendrá la agenda legislativa de la bancada albiazul en el Congreso Local, para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones que inicia el sábado próximo, es tomar la protesta de ley a Carlos Zamarripa Aguirre como el Titular de la Fiscalía General en el Estado de Guanajuato.
Para este lunes, los diputados locales que coordina J. Jesús Oviedo Herrera tendrán afinada la agenda que resultó de las cuestiones revisadas durante la plenaria del grupo en el vecino estado de Querétaro; después de la reunión con la libreta de apuntes en mano, se declararán listos para el periodo ordinario.
Frente a la demanda de respuestas de parte de los opositores en la cámara estatal, y varios sectores y organizaciones de la sociedad, pues la bancada del PAN había adelantado que aplicaría la Ley en vigor para que el procurador en turno sea el fiscal en automático, los diputados, aprobaran mecanismos para garantizar su autonomía del representante del Ejecutivo.
Entre la clase política estatal, salvo excepciones, razonan que la suerte está echada, la pretensión del mandatario estatal es mantener a los encargados de seguridad pública y procuración de justicia. Un cambio de esquema con fiscal autónomo que pondría a DS en los cuernos de la luna es impensable, ya que sería la afrenta a 3M, pues el cordón umbilical no se ha roto.
A los liderazgos de los distintos grupos de los conservadores los alcanzó este conflicto, cuando ostentan el poder pero con instituto político sin lograr cerrar su heridas producto de las luchas internas y el desplazamiento de panistas o los locales de la administración pública del estado, sexenio 2018-2024.
La propuesta que reforzará a la mayoría en el Congreso Local durante el lapso de la sesión ordinaria próxima, 15 de febrero al 30 de junio, consiste en estudiar y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la entidad, poniendo las precisiones en aspectos de control, la temporalidad, rendición de cuentas y remoción. Para el panismo esos puntos dotarán la garantía.
Se infiere, por los sustentos de la agenda y argumentos, que en la bancada del partido del Gobernador Diego Sinhué Rodríguez, solamente habrá reparos y precisiones para “perfeccionar” la ley orgánica, porque los pasos firmes para designar el Fiscal General se dieron desde el gobierno pasado que encabezó el panista Miguel Márquez con la LXIII Legislatura del Estado.
Los 19 diputados locales del partido conservador quemaron sus naves para mantener el proyecto diseñado desde hace un sexenio, poniendo la instancia que se pensó autónoma con el fin de terminar con la impunidad y corrupción en el territorio guanajuatense, en el juego del interés partidario y de grupos.
No se descarta que la oposición al PAN en el Congreso Local que hacen Morena, PRI, PRD, PVEM, PANAL, Movimiento Ciudadano y PT, tengan intereses partidarios legítimos para tratar de impedir que se aplique la automaticidad, aduciendo que Zamarripa será fiscal carnal pero ya se jugaron la mano.
En la cuestión particular quienes se oponen a la aplicación de la norma que favorece al procurador de justicia son de las mismas representaciones partidarias que, con 3M y también mayoría la bancada albiazul, dejaron todo planchado en la pasada legislatura; el trienio de las prisas y negociaciones que dirigió el pastor del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.
La historia inmediata resulta la piedra de toque para quienes, en el momento, quieren un nuevo convenio en la LXIV en el primer trienio de Sihué Rodríguez Vallejo; con el PRD y PT de su lado los panistas están proyectando el cierre del tema. La designación de otros fiscales en las entidades federativas y General de la República, configuran el consuelo albiazul.
Aunque los legisladores federales panistas en el Congreso de la Unión, específicamente los senadores que seguirán en la lucha por la Fiscalía Autónoma como lo señala su agenda para el segundo periodo que inició el pasado 01 de febrero, en el PAN del estado se busca que la cuestión concluya en marzo, abril o mayo, pero sin que le toquen un pelo al apadrinado.
El referente nacional respecto de la manera en que votaron al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero en el Senado, gente cercana al Presidente Andrés López Obrador, es fuente inagotable de justificaciones del grupo del partido conservador en la provincia, en el Congreso de Guanajuato.
La crítica que representa la constante contra su ejercicio es la cosificación carnal, apodo acuñado por la fracción panista en el Congreso de la Unión, que le redituó beneficios durante el sexenio de Peña Nieto, cuando las apariencias todavía tenían posibilidades de éxito; pero con AMLO resulta una fortaleza.
Al destino de Gertz Manero quieren aparear el de Zamarripa Aguirre, próximamente en una sesión plenaria del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. Al momento las posiciones se ven inamovibles, pero como no hay leyes inmutables a la causa Zamarripa aún se le mueve la patita, y solamente.
Al calce. El Fiscal Alejandro Gertz Manero, envió al Senado los nombramientos de José Agustín Ortiz Pinchetti como el titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fedape) y María de la Luz Mijangos Borja como responsable de la Fiscalía Especializada para el combate a la corrupción; en 20 días los senadores le entregarán al Fiscal Carnal el aval forzoso. Gertz ahí va, contra la predicción de que le iría mal por ser amigo de AMLO, más bien, le está sirviendo.
<Llegan federales para abatir los índices de homicidios>
El mes conocido como de las preinscripciones será especial en la vida nacional, pues cuando el Estado mexicano estaba en la articulación de planes y proyectos de seguridad pública el gobierno federal reveló que en dos semanas desplegará su programa permanente en la materia en 17 regiones en el país.
Coincidieron las actividades de preparación de los gobiernos federal, estatal y municipal, aunque cada instancia atendiendo los protocolos jurídicos; en territorio guanajuatense, mientras el Gobierno del Estado articula los programas a fin de encarar los orígenes de la delincuencia; en los municipios, la tarea es la definición del Programa de Seguridad Pública 2018- 2021.
Los tiempos mandatados por la norma para esas actividades les caen de perlas a los gobiernos guanajuatenses, pues cuando necesitaban los refuerzos ante el alza de las protestas de los diversos sectores sociales, el secretario de Seguridad Pública federal Alfonso Durazo Montaño reveló que, de las17 regiones, abarcan el total de 4 en el estado de Guanajuato, con 19 municipios.
Con la información proporcionada por el secretario Durazo, al cerrar febrero residirán en la entidad 2 mil 400 elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Federal; un total de 600 en cada región que la Federación dividió el país, para aplicar su Plan de Seguridad: Irapuato, Salamanca, Uriangato y Celaya.
El principal objetivo de las fuerzas federales en las regiones seleccionadas para la aplicación de la primera oleada contra la delincuencia es reducir la incidencia delictiva y abatir los índices de homicidios. El rasgo particular del personal es su estancia en esos territorios, respondiendo a las contingencias.
¿Cómo se vincularan los proyectos, planes y programas de los tres órdenes de gobierno? El secretario Durazo Montaño dijo que el operativo militar-policial se reforzara con programas de desarrollo para la población y prevención de la violencia, en los que participarán varias dependencias de la Federación, en coordinación con las entidades indicadas y los municipios
La cuestión en el Plan Nacional es que contienen planes que, de forma exclusiva, corresponden al gobierno federal, lo cual es razonable, lógico y de su incumbencia; sin embargo, por las características de las fuerzas armadas y la policía federal, el vínculo podría dificultarse porque está lejos de lo deseado respecto de la profesionalización de policías en las entidades.
En las primeras semanas de 2019, cuando la inseguridad y la violencia apretaron y generaron las demandas, algunos de los presidentes municipales exigieron los apoyos de parte de los gobiernos estatal y federal, aunque no especificaron los tipos de ayudas. El deseo de la mayoría de los 46 presidentes en el estado podría materializarse antes que concluya febrero loco.
Aunque seguramente es lo buscado por los munícipes, al menos en los 19 de las 4 regiones, esos recursos no aterricen en las plazas sino personal armado (no tan fuerte), para realizar su trabajo y programas sociales que chocarán con los estatales y municipales; la lógica de la marginación aparecerá entonces.
Llama harto la atención que el accidentado Diego Sinhué y sus alcaldes no han revelado al menos sus sospechas por el despliegue de las fuerzas federales, con las funciones que les están sellando para cerrar la pinza del Plan Nacional ¿Cuáles son esos programas de “prevención” señalados por Durazo?
Está claro que la Federación está adelantando líneas antes de la consolidación de la Guardia Nacional; le preocupa el alza de los delitos de alto impacto en los primeros días de febrero, cuyo comportamiento no sigue la tendencia del primer mes del año como se observó en enero, similar a diciembre 2018.
La Federación determinó aplicar su plan primeramente en 17 regiones como piloteo, en tanto se refuerza con la Guardia Nacional con base a resultados de los homicidios en el 2018. Así obtuvo las zonas prioritarias donde actuarán los federales contra del crimen organizado con pistolas para abatir riesgos porque también buscarán erigirse en una fuerza disuasiva.
Agregado poblacional. Los municipios que recibirán nuevos huéspedes que pertenecen las 4 regiones son: Salamanca con Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valle de Santiago y Villagrán. Otra más con Irapuato, Pueblo Nuevo, Romita y Silao.
La región de Uriangato trae a Cortazar, Moroleón, Salvatierra, Suatiago Maravatío y Yuriria. Y la región Celaya incluye San Miguel de Allende, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande y Comonfort.
La cita con el destino será dentro de las semanas marcadas, cuando lleguen las fuerzas enviadas por el Presidente López Obrador, los militares y policías federales comandados por un civil, Alfonso Durazo. El debut de la Federación ante la delincuencia que se viene presumiendo que es organizada.
<Estadio León. La oportunidad contra el despojo>
En enero de 2018 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la derrota del gobierno municipal leonés contra Roberto Zermeño –ex directivo del León- y Héctor González –empresario celayense- en un litigio por la propiedad del Estadio León y de los predios que le rodean, estacionamiento, oficinas y el terreno prometido para el Museo Nacional de la Piel y del Calzado, sumando una superficie de 60 mil 27 metros cuadrados. Hoy, en 2019, surge una nueva esperanza.
Esta semana el Primer Tribunal Colegiado Civil decidió por dos votos contra uno, reconocer la personalidad jurídica en la disputa del Estadio León a un grupo de leoneses originales y descendientes de quienes que participaron en los procesos de integración del llamado Club León y por ende en el usufructo del estadio, que originalmente se construyó con las aportaciones de quienes fueron propietarios de palcos y plateas.
Fueron terceros que no participaron en el litigio entre el municipio y el dúo Zermeño y González. No fueron escuchados en el juicio y se consideró eso un abuso en contra de sus intereses, por lo que ahora los tribunales deberán darles participación en el juego del juicio ordinario mercantil 009/2011, del Juzgado Tercero de Distrito en León.
De acuerdo a los demandantes, la lucha será por recuperar lo que consideran un patrimonio de los leoneses y de ellos, por derecho. Consideran que la apropiación buscada por Zermeño y González del terreno y estadios y, en su momento la franquicia, obedecen a un mero interés mercantilista.
Para ellos es recuperar la historia de sus familias y de la propia ciudad. No puede simplemente entregarse por actos de corrupción, de transa, un estadio que fue hecho con el sudor de los ciudadanos y que albergó dos mundiales de futbol, uno en 1970 y otro en 1986, además de campeonatos inolvidables de los esmeraldas.
De acuerdo al municipio, el predio del Estadio León y su estacionamiento tiene un valor superior a los 500 millones de pesos en un avalúo fiscal, conforme al Registro Catastral 02046 001 003 000 en la Tesorería Municipal; sin embargo, su valoración comercial puede llegar incluso a los mil 500 millones de pesos. Esa es la ganancia por la que van Roberto Zermeño y Héctor González, máxime ahora que el León iría al nuevo estadio.
Lo interesante es que la disputa planea llevarse más allá de los bienes. Si de origen hubo manejos irregulares entre funcionarios públicos municipales y la asociación de Zermeño y González para quedarse con el estadio y la franquicia, por ende, no sólo será recuperar el estadio para sus legítimos propietarios, sino hasta la propia franquicia que ha venido a caer en manos ahora del Grupo Pachuca.
La incertidumbre jurídica que se abre, podría resultar a fin de cuentas una nueva batalla que durará unos años más y que caminará a la par de la construcción del nuevo estadio para el León que, en su momento, podría quedarse sin equipo que ahí juegue y si uno que podría correr de nuevo en el estadio, el viejo Nou Camp.
El grupo de los socios fundadores tuvo su primer triunfo cuando le evitó la vergüenza al gobierno de Héctor López Santillana de entregarle las llaves del estadio a Roberto Zermeño durante 2018, que había buscado formas administrativas para retrasar la entrega, al menos hasta que saliera Miguel Márquez de la Gubernatura, porque asumido como defensor del estadio ante el pueblo, había prometido no entregarlo.
Al presentarse la controversia en el tribunal de circuito, la entrega del estadio se detuvo, en virtud a que quedaba suspendida la ejecución del juicio ganado previamente por el llamado Club Social y Deportivo León, cuyos titulares son Roberto Zermeño y Héctor González, hasta en tanto no se resuelva el conflicto de interés que existe entre las personas físicas que están controvirtiéndoles.
<Morena: aplica rasero en el estado>
Las pruebas exhibidas por los duchos en la materia como de la esgrima en los tribunales, desvelaron que los morenos en territorio debutaron en el Nou Camp con éxito rotundo, para generar la esperanza que el estadio mundialista puede volver a manos de sus legítimos propietarios, simple, a los leoneses.
Cuentan en La Zapatera que de una oficina de la Plaza 500 salió el apoyo decidido que esta semana generó el primer peldaño para transitar por la decisión judicial final. Después de varios años de que los gobiernos de extracción panista vienen rezando a los aficionados que estaban luchando porque les devuelvan el inmueble sin lograrlo, los morenos de un golpe avanzaron.
El ex gobernador panista, Márquez Márquez, que provocó la hilaridad del respetable pues siendo abogado cometió varios dislates en el proceso legal, aprovechó el río revuelto a fin de ganarse a los dueños de los roedores castorimorfos de Pachuca para buscar la salida más fácil y jugosa: la edificación de otro estadio.
Pero los morenos no se han detenido en el rescate de la casa del equipo de fútbol, están trabajando para tener contentos a los guanajuatenses, poniendo unos dos millones de personas en sus relaciones de apoyos en cualquiera de modalidades, lo más pronto. Aprovechando los problemas internos del PAN, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional avanzan y rebasan por la izquierda o derecha porque no topan con obstáculos.
La cuenta panista que han encontrado los opositores es que del total de 500 burócratas despedidos de la administración pública estatal que encabeza Diego Sinhué, cerca de los 300 son panistas o simpatizantes; mientras el mandatario estatal llena los cargos con gente de fuera de la entidad, empezando con los miembros del gabinete legal y se desbasta con gente “quemada” como el secretario Alvar y el procurador Zamarripa
Al pie del cañón. Será… dijeron para “abril o para mayo”, pero no trascenderá la primera parte del primer año del sexenio de Sinhué Rodríguez; hay urgencias y el dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling A., dejará esa posición que parecía tener la perpetuidad; quiere la dirigencia Juan Pablo Luna Becerra.
La Topografía.
Altimetría.
Los satélites de AMLO
La esencia política que gira en torno a Andrés Manuel López Obrador es aquella clase política que fue desplazada del poder tras la caída de José López Portillo, quien entregó el poder presidencial al grupo llamado tecnócratas tras la crisis económica de principios de los ochentas, al estallar la deuda externa y la caída de los precios del petróleo.
Aquellos priistas, habían logrado la reforma electoral que abrió la entrada de la oposición a los espacios del poder, a fin de oxigenar el sistema político mexicano. Pero una de sus piezas era legitimar a quienes habían sido sus partidos satélites o generar algunos más, aliados del poder. Ahora repiten la historia y con aquellos que en un tiempo salieron a luchar por la democracia en el priismo en la época de Miguel de la Madrid Hurtado, en alianza con las redes magisteriales de Elba Esther Gordillo.
Las Redes Sociales Progresistas, armadas por Ramiro de la Rosa Bejarano, ahora pasarán a fundirse en un partido político nacional para sumarse a Morena en el teatro político nacional. Así lo dieron a conocer en enero y en Guanajuato harán sangre y carne con la coordinación del amigo de siempre de Ramiro: Felipe de Jesús Hidalgo Ornelas, que hace un tiempo también fue foxista.
En tiempos electorales la red en Guanajuato quedó integrada por 18 personas, entre ellas Felipe de Jesús Hidalgo Ornelas, José Luis Zúñiga Rodríguez, Marco Antonio Miranda, Alan Hidalgo, Edgar Barajas, Aurelio Martínez, Manuel de la Rosa, entre otros. Serán la base para armar las asambleas en la entidad que den pauta para la creación del partido.
Perdido el registro del Partido Nueva Alianza, PANAL, la línea de la maestra Elba Esther Gordillo, a través de su nieto René Fujiwara Montelongo, y asesor de la Coordinación Nacional de Operación Política de las Redes Sociales Progresistas, usarán lo que queda, junto con la ya madura red de quienes, en un tiempo juvenil, fueron los que reclamaban la democracia en el PRI ochentero, para sostener el movimiento de AMLO más allá de un sexenio y de paso, jaquear al PAN en el poder en el estado Guanajuato.
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