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El debate por el uso de la fuerza

  • Jorge A. Lumbreras Castro

Dicen que estamos como en una zona de guerra. En los últimos días se han publicado en medios de comunicación diferentes datos que aportan centros de estudio y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo  señaló que en México fueron asesinadas 19 personas por cada 100 mil habitantes en el año 2015, lo cual se asemeja a una zona de guerra, debido a que el promedio mundial es de seis, y en la Unión Europea, de tres. Lo anterior viene a cuento porque la estrategia de la delincuencia radica en denunciar todo “uso indebido” de la fuerza, mientras al mismo tiempo, realizan emboscadas contra las fuerzas del orden con asesinos a sueldo y armamento con alto potencial de fuego y sofisticado.

La realidad de las cosas es que México no está en guerra, este concepto en su teoría y práctica supone un estado general de cosas que resulta casi incomprensible e inimaginable para la mayoría de los políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general. Un teatro de operaciones de esta magnitud ni lo tenemos y esperemos con esperanza no tenerlo jamás. Lo que sí tenemos es una fractura institucional en las policías del país, prácticamente en el sesenta por ciento de los municipios de México no existen policías. Lo que sí tenemos son 32 policías estatales, cada una con sus dinámicas de reclutamiento, adiestramiento, equipo, comunicaciones, salarios y prestaciones sociales. Lo que sí tenemos es un flujo de armas de los Estados Unidos a México imparable. Y lo que sí tenemos es a políticos, organizaciones sociales, pseudo-periodistas y hasta comunidades cooptados y controlados por la delincuencia organizada.  La lista podría continuar, pero ya resulta hasta ociosa, pero en contraste destaca que no tenemos una nueva Ley de Seguridad Nacional,  una Ley de Seguridad Interior, una Ley General sobre el Uso de la Fuerza, una Ley renovada sobre delincuencia organizada, y un apoyo de Estado al nuevo sistema de justicia penal.

El uso de la fuerza por las instituciones constituye, desde hace siglos, un motivo de reflexión. El uso de la fuerza pública se analiza desde distintas perspectivas, entre estas, las siguientes: 1) Al interior de las formas de gobierno, sistemas políticos y tipos de Estado, 2) Como un asunto de procedimiento jurídico, 3) Como análisis sobre los alcances y límites del poder del Estado, 4) Enfoques de teoría del delito que colocan el problema del uso de la fuerza en varios actores de la vida social e institucional y 5) Aplicación directa: magnitud, circunstancia y criterios.

En materia internacional existe normatividad para el uso de la fuerza, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169 de 1979; las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en 1957, conocidas como Reglas Nelson Mandela y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley  que adoptó el Octavo Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se realizó en 1990.

Estas resoluciones atienden a los principios de necesidad y proporcionalidad. La necesidad expresada en el artículo 3º del Código de Conducta de los FEHCL indica que los FEHCL podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, de igual manera su artículo 4º explica que los FEHCL, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Sobre la proporcionalidad se expresa en el artículo noveno que los FEHCL no emplearán armas de fuego contra personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia. Dice, que sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea inevitable para proteger una vida.

En México, nuestra Constitución establece garantías inalienables, limitando el uso de la fuerza pública, en sus artículos 14º, 16º, 133º. También, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su Reglamento, aseguran el uso racional de la Fuerza Pública. Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala las obligaciones del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y oficiales ministeriales y peritos.

En el año 2012 se publicaron los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, que asienta en su artículo octavo que los principios del uso de la Fuerza Pública son los establecidos en términos internacionales. Además, producto de las acciones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas se publicó en el DOF el 30 de mayo de 2014  el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas que establece que el uso de los niveles de la fuerza sólo es procedente al ser estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada en apoyo de las autoridades civiles, y se estipulan los niveles de fuerza y de resistencia así como métodos de disuasión y persuasión.

Por tanto, en México existen diferentes normas y acuerdos que regulan el uso de la fuerza aunque no existe una Ley General en la Materia. Avanzamos en una dinámica de derechos humanos, de “garantismo” en el sistema de justicia, de limitaciones a la acción del Estado, y de un discurso asentado en las coordenadas de la democracia liberal, mientras que al mismo tiempo, crece el poder de la delincuencia, su presencia regional, los cuerpos de seguridad pública distan de estar coordinados, y su capacidad de financiera y de armamento se incrementan. Mientras se registre el déficit de normas e instituciones para enfrentar la delincuencia, se tendrá el debate sobre el uso de la fuerza; mientras las policías del país no se coordinen y mientras no existan acuerdos de Estado, las Fuerzas Armadas seguirán en la mira de una delincuencia que primero asesina por la espalda y acto seguido clama por sus derechos humanos.

jorgealumbrerascastro@gmail.com