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La desaparición forzada de personas

  • Jorge A. Lumbreras Castro

Hay más de 26 mil personas desaparecidas en México y miles de madres, padres, hijos y hermanos los buscan.

Al abordar el conocimiento de la problemática de las personas desaparecidas de en el mundo, es necesario asentar de inicio los estudios y legislaciones existentes remiten a la acción del Estado o de grupos en conflicto,  señalan que se trata de un delito continuo y que no prescribe, y que afecta profundamente a familiares y comunidades, además de que tiene efectos psicológicos, económicos, y sociales de envergadura. La desaparición forzada de una persona por agentes del Estado es un delito contra la humanidad, y debe decirse que históricamente, ha sido parte de los conflictos bélicos o en su caso de los grupos armados que por diferentes motivos se enfrentan. Estas desapariciones forzadas van desde casos particulares hasta el asesinato en masa de comunidades –exterminio colectivo-.

 

Por ello, cuando se estudia la desaparición forzada de persona se aprecian varios factores: a) este concepto hace referencia al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos; b) concierne a las responsabilidades de los Estados o de grupos en conflicto al interior de los Estados; c) aborda por lo general situaciones formales de Guerra, conflicto entre grupos armados y con ello de violencia interna; y d) alude a responsabilidades públicas que tienen las administraciones estatales para evitar que se presenten las desapariciones forzadas de persona por acción, omisión o consentimiento de agentes estatales y entre los grupos armados en conflicto que generan violencia interna.

 

En todo el mundo hay padres, hermanas, niños que buscan a sus familiares, poco o nada saben sobre dónde están o qué les pasó y los estudios coinciden en que es sumamente complejo para las personas retomar la vida cotidiana sin acceso a la verdad. La recuperación y aún la reconciliación entre individuos y comunidades necesita la verdad. La paz precisa de la verdad. Por ello, se asevera que cuando no hay verdad en un conflicto este puede reaparecer, porque no hay reconciliación, en especial cuando se ha vivido una Guerra o un conflicto interno.

 

De ahí la importancia de las conclusiones del Comité Internacional de la Cruz Roja  (CICR) titulado Las Personas Desaparecidas y sus Familiares del año 2003, así como la Resolución que aprobó la 115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ginebra el 18 de octubre de 2006 sobre las Personas Desaparecidas. Ambos documentos coinciden en la necesidad de prohibir, prevenir, perseguir como delito y sancionar las desapariciones forzadas, brindar apoyo integral a las víctimas, garantizar el derecho a la verdad, prever lo necesario para que los familiares puedan continuar sus proyectos de vida y considerar la importancia de conocer lo sucedido para emprender procesos de reconciliación.

 

Sin embargo, al examinar el caso mexicano, se aprecia que en primer término no se está ante una situación de Guerra, tampoco de conflicto interno entre grupos armados o entre estos con el Estado, y que el número de desapariciones forzadas al que hace referencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -4 mil 931 personas como posibles víctimas de desaparición forzada-, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) -538 averiguaciones previas por desaparición forzada- o algunas organizaciones extranjeras, estas cifras representan sólo una porción de las 26 mil 25 personas desaparecidas que señala la CNDH hay en México.

 

Estamos entonces ante una creciente tendencia a la desaparición de personas por parte de actores no estatales y que tampoco son grupos combatientes o en conflicto por motivaciones políticas, ideológicas, religiosas, étnicas o territoriales. Se trata de desapariciones de persona generadas por la delincuencia organizada que utilizan esta inhumana forma de operación para disputarse la producción, trasiego, distribución, y venta de drogas en el interior del país y hacia el extranjero. Del mismo modo ocurre con otras ramas de la delincuencia organizada nacional y trasnacional que utilizan la desaparición para disuadir, causar parálisis, intimidar o de plano confrontar a través del asesinato a otros grupos delictivos y en evidencia para cubrir las huellas de sus delitos utilizando diferentes métodos.

 

El tema de fondo es que la violencia se mantiene en nuestro país desde la delincuencia organizada, se trata de grupos peligrosos, armados y con recursos financieros cuya motivación es el enriquecimiento acelerado, el lujo, el dispendio, la simulación y la estupidez como proyecto de vida.  

 

La circunstancia para las familias de las personas desaparecidas es difícil debido a diversos factores, entre estos: la necesidad de resolver lo cotidiano; necesidad de ayuda y apoyo psicológico, jurídico, social y económico; tiempos y recursos que invierten en la búsqueda; falta de información sobre su familiar y sobre las organizaciones que podrían apoyarlos; problemas jurídicos inherentes a probar la desaparición de una persona o bien para determinar jurídicamente su ausencia; abusos por quienes ofrecen servicios de localización minando el de por sí precario patrimonio de las familias; servicios de seguridad social bajo tensión al no poderse probar la desaparición de una persona o bien esperar a una resolución de ausencia emitida por un juez; la circunstancia jurídica indeterminada de la persona desaparecida complica el ejercicio de los derechos de propiedad, la custodia de los hijos, e incluso las herencias; y ocurre ante falta de información las personas desconocen que pueden recibir ayuda de las instituciones en materia jurídica. Todo esto le pasa en México a los familiares de más de 26 mil personas.

 

Las personas y sus familias sufren, viven la angustia y la desesperación, y aún así se organizan para buscar a sus seres queridos, quieren verdad y justicia, quieren paz. Cientos quizá miles de personas caminan por el país para buscar, para localizar fosas clandestinas, y para vivir la dificultad de asistir a la exhumación de cuerpos, además de enfrentar la incompetencia y falta de sensibilidad de funcionarios públicos improvisados carentes hasta de sensibilidad. Hay tristeza y tragedia en la República. Estudiantes, policías, amas de casa, niñas y niños, empresarios, comerciantes y aún quienes en vida hayan o no participado en actividades delictivas estás desaparecidas y esto no debió, ni debe ser así. Mientras tanto los legisladores han hecho leyes para un país que no existe e instituciones para que no funcionen y se repartan como cuotas hasta para los que dicen representar a las víctimas. Las leyes que sí se necesitan se postergan año tras año. La pregunta es si en México tenemos un conflicto interior y de ser así, qué va a hacer el Legislador, porque con las leyes que tenemos no alcanza.  

 

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