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Los recursos federales para la seguridad y la justicia en México

  • Jorge A. Lumbreras Castro

El gasto federal ejercido en seguridad pública se duplicó en 10 años: de 139  mil millones en 2006 a 277 mil millones en 2016.

En toda sociedad democrática una evaluación ciudadana básica radica en qué se hace con los recursos públicos y cuáles son los resultados que se obtienen. En México el sistema de seguridad y justicia está en el centro de la agenda pública. Este sistema abarca el conjunto de las instituciones del Estado mexicano responsables de brindar seguridad pública (policías), procurar justicia (procuradurías o fiscalías) e impartir justicia (poder judicial) en la federación, las entidades federativas y los municipios de nuestro país.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó el estudio que se titula Panorama del Gasto Federal en Seguridad, 2006-2016, se trata de un trabajo sistemático, documentado y sólido que muestra con base en el derecho, la estructura de la administración pública, y el manejo de las finanzas del país, cómo se ejerció el presupuesto en materia de seguridad y justicia en una década; es un documento que convoca a la reflexión, en especial de quienes gobiernan.

En primer término se aprecia que el gasto federal ejercido por las instituciones que tienen responsabilidad en seguridad y justicia se duplicó en 10 años (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para Estados y Municipios (FASP), Poder Judicial de la Federación (PJF), Presidencia de la República (PR), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP).  Lo anterior debido a que pasó de 139  mil 353 millones en 2006 a 277 mil 308 millones en 20016.

Algunas de las lecciones que aporta el estudio radican en lo siguiente: a) Las leyes muestran puntos de traslape y falta de claridad en funciones relativas a la seguridad pública y en varios s casos no hay definiciones; b) Dificultades para establecer los gastos reales y efectivos en seguridad pública; c) ramos de gasto donde se reportan materias que dificultan precisar y medir el ejercicio del gasto,  como el Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas” cuyo ejercicio de 2006 a 2016 fue de 5 mil 247 millones de pesos;  d) gasto presupuestado diferente al ejercido, por ello el estudio trabajó con base en los datos de la Cuenta Pública; e) el estudio abrió dos capítulos de análisis para conocer el gasto, uno relativo a lo que ejercen las instituciones, y otro referente a funciones en seguridad y justicia.

A continuación se exponen algunos hallazgos relevantes del estudio en materia de gasto público, sin embargo, debe advertirse que cada cifra requiere un análisis mayor, en especial para comprender cómo se relacionan las funciones de seguridad pública, para  dimensionar el gran esfuerzo de gasto que ha significado para la nación destinar más recursos a la seguridad y la justicia en México, y para en otro momento realizar un análisis sobre los resultados  y su valor público.

El gasto en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones en 2006  a alrededor de 264 mil millones en 2016, es decir se duplicó en términos reales en una década. En términos relativos, el gasto en seguridad pasó de representar 2006 alrededor de 3.8% del gasto neto y 0.8% del PIB en 2006, a aproximadamente 4.9% del gasto neto y 1.4% del PIB en 2016. En lo internacional, estas proporciones aún son bajas. El mayor incremento del gasto en seguridad, por encima del crecimiento del gasto neto y de la economía en su conjunto, indica que las administraciones federales sí han contado con recursos, durante diez años, para impulsar mejoras a la seguridad y a la justicia en México.

Las Fuerzas Armadas (SEDENA y SEMAR) duplicaron sus gastos en términos reales. Sin embargo, países como Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Francia, Brasil Alemania, Perú, Canadá, Honduras, Venezuela, El Salvador, Argentina,  España y Nicaragua destinan en todos los casos más recursos que México a sus Fuerzas Armadas sin que en la mayoría de tales naciones se tengan problemas como los que acontecen en nuestro país.

El Poder Judicial de la Federación aumentó su gasto 1.6 veces. Si se considera el gasto conjunto de SSP/SEGOB, creció 3.6 veces, lo que obedeció a los recursos ejercidos por la Policía Federal y el Sistema Penitenciario Federal, el gasto ejercido por la Policía Federal se cuatriplicó en términos reales, y  el gasto de la Unidad de Prevención y Readaptación Social se multiplicó 8.8 veces entre 2006 y 2016; en ese marco el estudio, subraya dos aspectos: el gasto acumulado de la Policía Federal en la “implementación de operativos” durante 2006-2016, asciende mil millones; y el aumento del gasto en la actividad de Administración del Sistema Federal Penitenciario creció 13.6 veces en términos reales.

En contraste, la PGR y la CNDH mantuvieron casi los mismos niveles de gasto durante el periodo 2006-2016 (sólo crecieron alrededor de 20%).  Las asimetrías en el crecimiento del gasto en seguridad, apuntalan la percepción de que las administraciones recientes dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de “combate frontal”, en contraste al mejoramiento sustantivo de las capacidades de investigación y recopilación sistemática de evidencia delictiva.

Esta percepción se refuerza al analizar la sub-función de gasto denominada “Inteligencia para preservar la Seguridad Nacional”, que se mantuvo relativamente estable durante 2006-2013, y sólo se incrementó durante 2014 y 2015 cuando SEGOB destinó nuevos recursos para “Centros Estratégicos de Inteligencia” y “Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional”.  Mientras el CISEN, que realiza actividades de inteligencia, ejerció un gasto total acumulado de 2006 a 2016 de casi 45 mil millones, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHC sólo ejerció un total acumulado en el mismo periodo de mil 500 millones.

En relación con los recursos federalizados destinados a seguridad, los datos de la Cuenta Pública muestran que el resultado acumulado de los criterios de asignación ha favorecido al Estado de México y la Ciudad de México, que incluso recibieron recursos extraordinarios a seguridad del ramo 23. En contraste, entidades con severos problemas de violencia, como Guerrero y Sinaloa, han recibido muchos menos recursos. El estudio concluye al señalar que los incrementos en el gasto ejercido contrastan, por así decirlo, con la situación de inseguridad que se ha vivido en México durante estos mismos años.