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Personal caído de las Fuerzas Armadas, política y delincuencia

  • Jorge A. Lumbreras Castro

475 militares habían perdido la vida a mayo de 2016 en misiones de combate a la delincuencia; de este total 357 murieron en el sexenio 2006-2012,  mientras que en la actual administración perdieron la vida 118 elementos de las Fuerzas Armadas; estascifras se dieron a conocer en el marco de un evento en que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reconoció el valor, compromiso y heroicidad de los militares muertos en servicio ante sus viudas, padres, hermanos e hijos,lo anterior se reportó en medios con base en el Informe de Personal Caído de la SEDENA. Asimismo, en febrero de 2017 se hizo de conocimiento público que de acuerdo con el Informe Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos el número de militares que han perdido la vida en defensa de la sociedad ascendía a 496, las principales causas de muerte que se señalaron fueron: 249 por agresión con arma de fuego, 111debido a accidentes vehiculares, y 50 por accidentes aéreos.

Los sistemas de educación militar han formado por décadas a personas que eligieron la carrera de las armas,entregando a la patria mejores ciudadanas y ciudadanos forjados en los valores de lealtad, honor y patriotismo. Hoy 500 de esas personas, dispuestas al máximo sacrificio, están muertas. Hay mucho que decir, además de un perenne reconocimiento, sobre las causas de su muerte.  En primer término su participación en la lucha contra la delincuencia en apoyo de las autoridades civiles surgió de circunstancias específicas: la delincuencia avanzaba en el control de diferentes zonas del país, mientras que las fuerzas de seguridad pública municipales, estatales y federales no disponían de las capacidades para ubicar, enfrentar, y controlar las actividades delictivas.

Por otra parte, la fractura de la seguridad pública, el atraso en las leyes, la carencia, mal uso y desperdicio de los recursos disponibles, el bajo nivel de profesionalización de las policías, la corrupción en diferentes ámbitos y niveles de gobierno, y  efectos de la política de seguridad de los E.U. tras loshechos del 11 de Septiembre de 2001, llevaron a tomar una decisión en México en enero del año 2007: formalizar la presencia sistemática de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) en misiones contra la delincuencia organizada.

Desde entonces, surgieron posturas encontradas sobre la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, en los extremos unos señalan que se violenta el texto constitucional, que esas responsabilidades corresponden a las policías, que  existe un riesgo de militarización del país, que el Ejército está para defender la soberanía, independencia e integridad del Estado mexicano, y que era un pretexto para la represión; otros afirman que su actuar corresponde a la propia Constitución, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la legalidad de su participación, que su presencia es necesaria ante la capacidad financiera, logística, y potencia de fuego de la delincuencia, y que no hay de otra. Lo cierto es que ambas posiciones no han creado el marco jurídico que brinde certeza jurídica e institucional a las fuerzas armadas ni a las policías del país.

Pareciera que existe una especie de representación o imaginario político en que, dejar las cosas como están, es la mejor opción, es decir, la mejor decisión sobre el marco jurídico e institucional de las fuerzas armadas así como de las policías en materia de defensa nacional, seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública es no tomar ninguna decisión; es el caso de la necesaria reforma constitucional del sistema de seguridad pública; del mando único o mixto, de las condiciones laborales de las personas policías, y la lista sigue.

Los ejemplos sobran y se repiten: los que ayer pedían modificar las leyes hoy condicionan las reformas; los gobernadores piden la presencia de las fuerzas armadas ante el escalamiento de la incidencia delictiva y los diputados de esos estados no asumen una postura; los grupos parlamentarios redactan propuestas de reforma y luego las dejan en Comisiones porque no “hay condiciones” para aprobarlas; los partidos políticos reconocen las aportaciones de las fuerzas armadas en eventos públicos locales, federales y municipales pero las leyes siguen igual; y algunos medios de comunicación no dudan en reportar los logros de las fuerzas armadas en 30 segundos,mientras dedican horas para sumarse al linchamiento mediático ante cualquier error o exceso en su actuación.

Mientras tanto, la delincuencia organizada y sus aliados avanzan en la estrategia de dañar el prestigio de las Fuerzas Armadas, que siguen siendo la institución civil con mayor confianza en México. Los datos duros muestran que a la ciudadanía sí le queda claro qué son y quiénes integran nuestra Marina y Ejército, a otros no.Pero mientras prevalece la falta de definiciones en México, en los E.U. continua la vergüenzade las decenas de armerías instaladas en la Frontera Norte por donde pasan las armas a México para la delincuencia; mientras se discute una Ley de Seguridad Interior, las plataformas de la delincuencia trasnacional se expanden y dañan la gobernabilidad y competitividad del país: mientras se preguntan si 2 mil 446 policías municipales y 32 estatales,diferentes hasta en los uniformes,suman un sistema, continúa el lavado de miles de millones de dólares y crece la demanda de drogas en nuestro vecino del norte. La delincuencia trasnacional muestra cada vez mayores capacidades de conectividad, aplicación tecnológica, armamento, interacción con negocios lícitos, y manejo financiero a escala.

Es tiempo de preguntar qué se hace en los E.U. con el dinero que genera la economía global del narcotráfico:¿donde están los banqueros, dueños de casas de bolsa y otros negocios de bienes suntuarios procesados por lavar dinero de la delincuencia?. Sería interesante conocer cuántos banqueros, dueños de inmobiliarias, agencias de vehículos de lujo, corredores de bolsa están en la cárcel en ese país. Quizá sea que el negocio del narcotráfico no sea como lo pintan, quizá no genera miles de millones de dólares al año, o quizá sea una invención eso de que daña la economía, porque de no ser el caso: ¿dónde está el dinero?.

La ambición de unos, la inacción de otros, y la indefinición de los más, cobran víctimas cada día, civiles y militares.  Debe decirse, que hasta cuando se da a conocer la cifra de militares caídos por cumplir las misiones que se les asignan se reactivan los debates sobre retirarlos o dejarlos en las calles para proteger a la ciudadanía; hay quienes hasta el honor y el reconocimiento les regatean a los militares caídos, hay actores tan comprometidos con sus intereses que ponen con cursivas o cuestionan abiertamente la palabra héroes, así estamos. La profesionalización, fortalecimiento y especialización de las policías del país ya es un asunto de Estado, el costo de la indefinición política lo están asumiendo las Fuerzas Armadas, tal y como asumen el costo del déficit de seguridad pública, mientras que la delincuencia trasnacional cobra víctimas en la trata de personas, el narcotráfico, la extorsión y la fractura del tejido social.

jorgealumbrerascastro@gmail.com