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Personas policías caídas en el cumplimiento del deber

  • Jorge A. Lumbreras Castro

Desde hace once años el número de personas policías caídas en el cumplimiento del deber se incrementó en los estados y municipios de nuestro país. En las últimas semanas una revisión de noticias en medios de comunicación muestra que personas policías de la CDMX, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León, por sólo citar algunos casos, murieron a manos de la delincuencia. La Policía Federal reportó 362 de sus elementos caídos en el cumplimiento de su deber y 816 heridos, el mayor número de bajas fue en Michoacán, Chihuahua, Estado de México, CDMX, Tamaulipas y Guerrero entre 2010 y 2016. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) señaló en abril de 2017, que en los últimos 20 años, 2 mil 220 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, la mayoría -998- fueron policías municipales. De esta cifra, mil 264 fueron asesinados en el lapso que va de 2007 a 2012. En la actual administración han muerto en el cumplimiento del deber 285 personas policías.  

Las mujeres y hombres policías tienen percepciones que resultan un llamado de atención sobre sus condiciones de trabajo, riesgos y lugar en las políticas de los gobiernos de la mayoría de los estados del país. Percepciones que tienen fundamento si se atiende a que asistimos a una problemática estructural en la función policial que se integra por altos niveles de  tensión en áreas clave: salarios, prestaciones sociales, carrera policial, condiciones de permanencia, otros apoyos como seguros de vida y becas, capacitación, y desde luego de la prestación de apoyo a familias de policías caídos en el cumplimiento del deber.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNP) publicó un estudio en el año 2016 con una muestra de 243 mil 458 elementos (123 mil 778 estatales de las 32 entidades federativas y 119 mil 680 elementos municipales de 500 municipios: 264 que recibían recurso del programa denominado Subsemun* y 236 que no recibían ese recurso, que en conjunto representaban un 88.4% del estado de fuerza municipal. El estudio muestra asimetrías y problemas por estados y regiones que se resumen en: la mayoría de los policías tienen bajos ingresos, acceso desigual a prestaciones sociales y económicas, y baja integración a la estructura de mandos. –Baste señalar que 96.5% de los policías, se ubica en la escala salarial más baja o jerárquica básica, y solo el 3.5% tiene acceso a los sueldos más altos de la escala de mandos medios y superiores. 


Por otra parte, en México cada entidad federativa tiene sus propios subsistemas de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los elementos de las policías y en la mayor parte de los municipios prevalece esta situación legal pero arbitraria,  por ello sus condiciones laborales son, por lo menos, precarias. Lo anterior se traduce en varios factores: a) alta movilidad  y deserción; b) pérdida sistemática de la inversión pública destinada a su formación; c)  sistemas laborales poco predecibles; d) falta de incentivos para la profesionalización; e) jornadas de trabajo irracionales y que suponen altos costos familiares; f) posibilidad de despidos masivos; y, f) una institucionalidad distante de su problemática concreta.

Los factores antes señalados, hacen evidente que ante la ausencia de un marco jurídico nacional que regulara la situación laboral de los policías, debió optarse por un sistema de transferencia de recursos a estados y municipios del país, se crearon fondos federales para que los estados y municipios pudieran mejorar salarios, equipamiento, infraestructura y tecnologías, sin embargo, la problemática de origen prevale en: ingresos, estructura de mandos, permanencia y promoción de los policías, pero sobre todo prevalece en el hecho de que es improbable tener un sistema nacional de seguridad pública que se integre por 32 subsistemas estatales y más de 2 mil 446 subsistemas municipales que carecen de parámetros de identidad institucional, cohesión, estandarización y previsibilidad entre sí.

Y más allá de recursos y normas está lo fundamental: el déficit de una política de Estado en materia de seguridad pública que exprese los consensos de fuerzas políticas, poderes públicos y entidades del país. Hace más de 30 años que instituciones públicas, privadas y sociales señalan que se necesita unidad y cohesión, certidumbre, predecibilidad, reglas comunes, un auténtico sistema nacional de seguridad pública así como un enfoque integral que articule las agendas de cultura de la legalidad y prevención social del delito, sin embargo, la seguridad pública se ha subordinado a otros objetivos políticos e intereses.

En otras palabras la profesión de policía permanece a la mitad de la falta de acuerdos políticos nacionales, de disputas entre facciones, de intereses, y hasta de debates entre centralismo y federalismo, que encubren un hecho fundamental: hay actores políticos que consideran que la regulación nacional de las policías les restaría poder, influencia y capacidad de manejo de recursos. Hay presidentes municipales que despidieron cientos de elementos con más de 900 horas de capacitación al amparo de las leyes existentes, que colocan a mandos en el más puro sentido de las satrapías y que condicionan el trabajo de los propios policías.

En esta entrega, que aborda el tema de los policías caídos, es pertinente señalar que en las policías estatales del país sólo el 66.45% considera el apoyo para gastos funerarios considerándose que el 100% sí tiene a acceso a la seguridad social; sin embargo, sólo en el 0.38 de las policías municipales, que no reciben recursos Subsemun, existe el apoyo para gastos funerarios; mientras que en los municipios que sí reciben Subsemun el porcentaje que considera apoyo para gastos funerarios es de 9.90%. Más del 29% de los policías que trabajan en los municipios, que no reciben recursos Subsemun, simplemente no reciben la prestación de seguridad social, en los que sí lo reciben, la prestación de seguridad social llega al 96.95%. En México ninguna persona que se dedica a la función policial debería estar sin seguridad social.  

En el caso de los municipios que recibieron recursos Subsemun, el 29.7% de los elementos tenía Seguro de Vida adicional al proporcionado por la Seguridad Social, y el 9.9% Apoyo para Gastos Funerarios. En los municipios No SUBSEMUN sólo el 8.24% tenía un Seguro de Vida adicional al que proporciona la seguridad social. 
 “De las seis prestaciones básicas establecidas en el Acuerdo 03/XXXVII/14 (Seguro de Vida, de Gastos Médicos, Becas para hijos de policías, Programa de vivienda, de retiro y apoyos para familias de policías caídos en cumplimiento del deber), los municipios no reflejaban prestaciones que consideraran apoyo para familias de policías caídos en cumplimiento del deber”, cifras del SESNSP.

La revaloración pública de las mujeres y hombres policías que se abocan a servir y proteger a la sociedad es impostergable y demanda reformas concretas que establezcan desde un salario mínimo nacional para la profesión hasta la transformación de la estructura de mandos, pasando por una Ley de Mando Único o mixto, por condiciones nacionales de reclutamiento, ingreso, permanencia y promoción y desde luego por una acción política en gobierno y sociedad que no comprometa la integridad de las personas que protegen a la sociedad.

jorgealumbrerascastro@gmail.com