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Política y seguridad pública – Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

  • Jorge A. Lumbreras Castro

La acción de los partidos políticos, las organizaciones sociales, los precandidatos a la Presidencia de la República, los analistas y diversos actores que participan en el espacio público y que hablan sobre los diferentes aspectos relacionados con la seguridad pública tiene efectos tanto en las políticas públicas que se diseñan y aplican en la materia, como en la percepción que las personas sobre qué hacer, y cómo lograr tener en México una mejor condición para el desarrollo económico, político, social y cultural.

La seguridad pública es para amplios sectores de opinión pública el principal o por lo menos el segundo problema central de nuestro país, las razones de esta apreciación se justifican ante la evidencia de lo que las personas ven cada día a través de los medios de comunicación, a la percepción de inseguridad que se tiene en la mayoría de las ciudades y vastas zonas rurales de México, al daño que la delicuencia provoca en personas, familias, empresas e inversiones, al hecho de que existe una delincuencia que dispone de recursos económicos, armas con alto poder de fuego, adiestramiento y capacidad para infiltrar instituciones en los tres órdenes de gobierno, y a la prevalencia de delitos que sin ser graves efectan a las personas en su vida concreta como son los casos del robo con y sn violencia en sus más diversas modalidades, la extorsión, y las lesiones dolosas.

El déficit que se tiene en materia de seguridad pública llevó a una politización de la materia, de este modo, las instituciones, recursos, estrategias y acciones de seguridad pública son objeto de una polémica permanente; no podría esperarse menos porque finalmente la pluralidad política es parte de la vida democrática y porque en un país de libertades cada persona y colectivo pueden decir y opinar lo que mejor consideren.

 

Las posiciones políticas llevan a que los gobernantes actúen o por lo menos traten de actuar con mayores niveles de eficacia, a explicar las razones de la inseguridad y el cómo enfrentarla, así como a destinar recursos y capacidades para mejorar en la práctica y en la percepción esta condición fundamental del desarrollo.  La vida en democracia permite contrastar los discursos de los distintos actores políticos y de los gobiernos federal, estatal y municipales sobre qué hacer para mejorar la seguridad pública y a que definan las acciones sobre cómo hacerlo en la realidad.

Sin embargo, es necesario señalar que la seguridad es en nuestro tiempo un tema complejo que involucra mútiples agendas, visiones, políticas y áreas de especialidad las cuals van desde la nacional hasta la humana, pasando por las seguridades: estratégica, geoestratégica, pública, ciudadana, interior, cibernética, ciudadana, ambiental, alimentaria, cultural y jurídica, entre otras no menos relevantes; cada una de estas seguridades tiene un corpus jurídico, académico, de política pública y de debates a su interior. En otras palabras, la seguridad como condición del desarrollo de una nación o localidad es una profesión con amplias franjas de especialidad, que involucra agendas simultáneas de trabajo, y estrategias diferenciadas que habrían de desplegarse en sociedades y ciudadanías abiertas, democráticas y plurales en el marco del  Estado social de derecho.

Por ello, y para el caso de nuestro país el sólo conocimiento y análisis del sistema de justicia penal acusatorio que vertebra la juridicidad e institucionalidad de una seguridad posible implica amplios y diversos conocimientos, toda vez que hoy la seguridad pública involucra a los tres poderes de gobierno, a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia e impartición de justicia, a los tres órdenes de gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, y necesariamente a las instituciones de educación superior. Como puede apreciarse, ninguna política de seguridad pública puede disociarse del conocimiento e interacción práctica con las procuradurías y fiscalías, ni el desempeño de estas puede darse al márgen del conocimiento de los requerimientos y criterios del Poder Judicial.

 

En seguridad pública la concepción del trabajo que se realiza para cumplir el mandato ciudadano, parte de la política criminal,   o si se quiere de la política pública en materia de seguridad que involucra la prevención, persecución, investigación,  judicialización, penalidades y reinserción social, por sólo citar algunos de sus aspectos relevantes o sustantivos; y esto a su vez supone conocer las normas, los sistemas de financimiento de las acciones de seguridad pública y con ello diagnósticos, prioridades, reglas de operación, seguimiento y concreción de los bienes y recursos que se destinan a la materia, además de la formación y la capacitación del personal, considerándose los niveles de actuación ante los delitos del fuero común y los delitos federales, todo al seno de una concepeción de seguridad hoy es multidimensional y necesariamente ciudadana, en el marco de la Constitución Política y de sus leyes.

Hablar de seguridad pública es un tema de la más alta complejidad, trabajar en seguridad pública reclama desde una formación interdisciplinaria hasta el conocimiento de fondos federales, ramos presupuestales, normas para el desempeño de las policías, áreas especializadas de actuación policial, papel de las Fuerzas Armadas, metodologías territoriales, manejo estadístico, conocimiento de campo, y otras serie de herramientas, en el marco de los derechos humanos.

En el entorno político que nos toca vivir es importante que las propuestas que se viertan en el espacio público asuman la complejidad de la seguridad pública, apostar a frases retóricas, propuestas estridentes y a la simplificación de las cosas, dista de abonar a una ciudadanía informada, critica y ávida de información real sobre los grandes problemas nacionales, pero además, la politización sin análisis de fondo conduce a distorsionar los avances y los retos, diluye la necesaria legitimidad de las instituciones de seguridad y otorga ventajas a una delincuencia que hoy dispone de inteligencia, contrainteligencia, recursos económicos y los más diversos medios de presión.

El debate informado, inteligente y apegado al conocimiento de las leyes dará mejores frutos que la negación de todo, los señalamientos infundados y que el no reconocimiento a cientos de miles de personas que en medio de mútiples restricciones están dispuestas a proteger y servir a la sociedad. Una cosa es la inconformidad social, y otra distinta derivarla hacia el resentimiento para apoyar proyectos totalitarios y agenos al Estado de derecho, que desde la discrecionalidad extrema fracturan los límites que las leyes imponen a los responsables de conducir las instituciones.  El debate informado se hace necesario como tambien se hace necesaria la cautela ciudadana ante proyectos orientados a minar las libertades públicas, y el orden republicano.

jorgealumbrerascastro@gmail.com