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Seguridad Nacional y democracia: la crisis de los partidos políticos en México – Jorge A. Lumbreras Castro

  • Jorge A. Lumbreras Castro

En el caso mexicano, si se contabilizan las prerrogativas que reciben los partidos políticos en el orden nacional más las que reciben en las entidades federativas sería razonable asumir que existen condiciones para asegurar su publicidad, el desarrollo de la cultura democrática y su independencia relativa de intereses netamente privados -lo cual no los hace negativos-. Sin embargo, la evidencia de los procesos electorales a decir de expertos, y aun de actores de los partidos, es que las elecciones cuestan más de lo previsto por la ley. Así las cosas, el dinero se convirtió en múltiples casos en factor central de los resultados electorales. Los actores que señalan la necesidad de terminar con este financiamiento,en lo general, señalan:

a) El costo de la democracia en México es alto si se suman: recursos que erogan las instituciones electorales locales en las 32 entidades federativas; el gasto en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos electorales (FEPADEI; el gasto operativo de los partidos así como el presupuesto para las campañas políticas.

b) Este costo a decir de algunos actores es oneroso para un país con hondas desigualdades sociales, más si se atiende a que una parte relevante del gasto se canaliza a campañas que por baja calidad distan de contribuir a la cultura democrática.

c) Otros más señalan que ante el déficit de credibilidad y nivel de confianza en los partidos políticos se evidencia que la inversión fiscal en su mantenimiento resulta no proporcional y que en ese marco el costo fiscal no se justifica.

d) Y entre otros argumentos se señala que si el financiamiento privado puede cubrir los procesos electorales en que se dirimen proyectos y propuestas distintos de país, entonces no habría una razón suficiente para objetar la propia participación financiera de la sociedad civil.

e) Se han creado grandes burocracias partidistas donde se vive de la política y no de la política, a la par de cuadros políticos que muestran un déficit de formación académica, desempeño y contribuciones al interés público.

En contraste, otros especialistas señalan un conjunto de argumentos por los que no debiera retirarse en su totalidad o en altos porcentajes el financiamiento, a saber:

a) Un sistema de financiamiento privado pone el riesgo el carácter público de los partidos políticos porque la dependencia de los recursos privados subordinaría la agenda y marco programático de los partidos.

b) Los grupos de poder y las organizaciones intermedias se apoderarían gradualmente de los partidos, además del riesgo de infiltración masiva de la delincuencia organizada en representación política y toma de decisiones.

c) La equidad en la contienda electoral se fracturaría en función de los donativos que recibiera cada instituto político; y habría pocos espacios para expresiones políticas que cuestionan el orden político y económico dominante.

d) Un modelo de este tipo llevaría hacia una mayor crisis de credibilidad y necesariamente hacia una crisis de gobernabilidad.

e) Los actores privados desconocen cómo se construye la gobernabilidad en México y sus decisiones podrían afectar la estabilidad política.

f) Un modelo de donaciones privadas no es el adecuado para un país con alta desigualdad social, marginación y grupos vulnerables.

g) Si el que paga más tiene más posiciones entonces la participación de pueblos indígenas y grupos sociales que viven condiciones de exclusión y vulnerabilidad social sería poco probable.

h)   Habría que definir qué se entiende por donaciones privadas, quiénes sí y quiénes no pueden donar, tales son los casos de las empresas, en especial multinacionales.   

Esta argumentación asume que el fin del financiamiento público podría alterar el marco programático de los partidos y vaciar de significado la legitimidad política en ruta a problemas a mayores problemas de gobernabilidad. Habría de considerarse que la política permite procesar una serie de tensiones y conflictos que se viven en pueblos, barrios, colonias y comunidades del país.

La denostación permanente de la política generó escenarios en que dejaron de analizarse aportaciones reales y efectivas de la política ante una agenda de conflictos existentes a lo largo del territorio, donde son actores locales, en varios casos adscritos a los partidos quienes atienden, contienen, distienden, administran y solucionan estos problemas en coordinación con las autoridades o sin estas. Son los casos de límites de tierras, distribución del agua, acceso a servicios públicos, denuncia de abusos de autoridades, problemas entre vecinos, conflictos entre comunidades, tensiones étnicas y religiosas, transporte, medio ambiente y una serie mayor de conflictos cuya mención abarcaría todo esta entrega.

La pregunta es, si se fractura la operación  de los partidos y sus actores nacionales y locales, quién o quiénes van a construir la gobernabilidad con los grupos marginados, débiles y vulnerables del país, más aún si considera que su agenda estaría mediada por intereses que incluso podrían ser contrarios a diversas leyes y políticas de compensación social que aplican las instituciones del Estado.

Una pregunta mayor es cómo podrán mantenerse ejes de equidad social como: educación, salud, seguridad social, infraestructura pública, programas contra la pobreza y asistencia social si los partidos terminan condicionados por los intereses que por décadas cuestionaron el estado de bienestar y que hoy insisten en limitar la intervención social del Estado mexicano. México es un país en que: más de dos decenas de millones de personas asisten a escuelas públicas: 97% de la población tiene acceso a la salud sea a través de la seguridad social o de los sistemas de salud existentes;  millones de familias reciben recursos de los programas contra la pobreza; una parte significativa del territorio nacional pertenece a ejidatarios, comunidades, pequeños propietarios y pueblos indígenas, además de diferentes sistemas de protección de la los hábitat existentes en el país.

México es una nación con un Estado laico, con educación gratuita, y con libros de texto que se distribuyen por decenas de millones cada año.  La pregunta es: qué partidos mantendrán la defensa del régimen de derechos sociales existente si su trabajo podría subordinarse a intereses que no coinciden con las leyes e instituciones de la política social del Estado mexicano, con la propiedad originaria de la nación, con el Estado laico, con el orden laboral de responsabilidad tripartita, o  incluso con que México disponga de un Ejército y una Marina Armada. En ese marco, parece complejo asumir que en un orden democrático la necesaria confianza en los partidos se resolverá quitando la totalidad del recurso público.

 

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La denostación permanente de la política generó escenarios en que dejaron de analizarse aportaciones reales y efectivas de la política ante una agenda de conflictos existentes a lo largo del territorio, donde son actores locales, en varios casos adscritos a los partidos quienes atienden, contienen, distienden, administran y solucionan estos problemas en coordinación con las autoridades o sin estas.


Para contacto:

jorgealumbrerascastro@gmail.com


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