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Seguridad Nacional y el financiamiento a los partidos políticos en México – Jorge A. Lumbreras Castro

  • Jorge A. Lumbreras Castro

(Primera Parte)

Los partidos políticos han hecho propuestas para reducir el financiamiento que reciben del erario público ante la inconformidad ciudadana que se cristalizó tras los recientes sismos del 7 y del 19 de septiembre, bajo el argumento de que estos recursos debieran emplearse para la reconstrucción de la infraestructura, las viviendas y los edificios que el terremoto afectó o destruyó.

Básicamente se señala que estas decisiones y tentativas de decisión de los partidos tuvieron sus antecedentes en los sucesivos escándalos en materia de corrupción en distintos órdenes de gobierno, a sus diferencias públicas; y a los propios rendimientos decrecientes de la democracia en México; esto es, a las promesas incumplidas de la democracia, factor común a la mayoría de los países de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Por ello, se habla con mayor o menor intensidad de una crisis de legitimidad en el orden democrático y diferentes estudios muestran que esto representa un riesgo para las libertades públicas.

Por ejemplo, en el año 2010 se presentó el Segundo Informe sobre Democracia en América Latina, titulado “Nuestra Democracia”, que elaboró el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), el documento integró consultas y debates de 18 países, en materias como el poder, esto es, dónde se localiza, cuán distribuido o concentrado está, si se halla en manos de las instancias designadas democráticamente para ejercerlo o es ejercido “desde las sombras por los llamados poderes fácticos”; las desigualdades en la práctica de la democracia; las deficiencias y debilidades en las democracias; las formas de acceso y las condiciones de permanencia en los cargos públicos; la representación de las mujeres y las minorías; y los mecanismos de toma de decisiones de los gobiernos.

Un balance general desde este estudio es que las democracias en América Latina enfrentan desafíos en fiscalización de los recursos públicos o si se quiere en materia de corrupción; de desigualdad social que es donde la democracia ofertó mejorar las condiciones reales de existencia de las mayorías sociales; y la seguridad pública, donde se viven graves problemas. El caso mexicano es emblemático ante la lucha contra la delincuencia nacional y trasnacional.  En el análisis de PNUD destacan cuatro déficit: 1. crisis de representatividad; 2.  debilidad de los controles y los contrapesos entre los poderes del Estado;  3) problemas en transparencia y rendición de cuentas; y 4). La problemática en materia de seguridad pública.

Sobra decir que el diagnóstico alcanza a nuestro país, y que los problemas de transparencia y rendición de cuentas son parte no sólo de este sino de múltiples estudios previos en México y en América Latina, mismo caso de la seguridad pública, así como el tema de los controles entre poderes y aún el de la representación política que motivó la proliferación de partidos así como el avance de las candidaturas independientes.

Los sismos acontecieron en un contexto  de crisis de legitimidad ante las acciones de diversos actores y detonaron una crítica hacia la clase política nacional que escaló en pocas horas y que a la fecha se mantiene. Diversas iniciativas ciudadanas han tenido amplia resonancia para exigir que los recursos para los partidos se canalicen a las víctimas de los desastres; en una inusitada convergencia la ciudadanía se expresó en redes sociales, televisión, y periódicos por eliminar este financiamiento.  

La respuesta de la mayoría de los partidos fue pronta en declaraciones y a la fecha lenta en acciones contundentes; debido a que la coyuntura amenaza con fracturar en 2017 la legitimidad del proceso electoral del año 2018; de ahí que los partidos políticos busquen vías para tener una base credibilidad que les permita posicionarse en el escenario electoral del próximo año donde habrá miles de posiciones políticas en disputa. El problema está en que hasta ahora los partidos funcionan con base en el financiamiento público, que su operación política supone mantener amplias burocracias internas, y que desde la década de los noventa el factor financiero se volvió un eje de la competitividad de los partidos, aunque no el único; toda vez que existen partidos que en comparaciones relativas han obtenido múltiples posiciones respecto a los recursos que “invirtieron”.

El orden democrático es una asignatura o vértice de trabajo en materia de seguridad nacional, lo es porque las instituciones, prácticas y valores sobre los que opera el sistema de seguridad responden a las aspiraciones intereses y objetivos nacionales que establecen para México la democracia como forma de vida. En todo caso la democracia es un derecho. En México y en el mundo los sistemas de seguridad nacional mantienen el análisis sobre la configuración del Estado en clave de división de poderes, instituciones democráticas, partidos políticos, elecciones libres, derechos humanos, y aportaciones de la democracia al desarrollo social y humano. La democracia como forma de gobierno es un tema central de todo sistema de seguridad nacional. Para el caso Mexicano las definiciones sustanciales de la democracia radican en la existencia de: instituciones electorales que garantizan que los votos se cuenten bien (INE), resuelvan  las controversias (TEPJF) y sancionen los delitos electorales (FEPADE); la operación de diversos partidos políticos; el desarrollo de elecciones frecuentes y libres; la alternancia en el poder, y de un sistema de representación política de mayoría con un componente de representación proporcional.

El sistema de financiamiento a los partidos políticos obedeció a diferentes razonamientos y en particular a las demandas de la oposición política, básicamente se buscó con el dinero público asegurar un sistema de partidos competitivo y equilibrado, que pudiera responder al interés público dado que estaría “blindado” ante los intereses de organizaciones intermedias, factores de poder económico, e incluso de la delincuencia organizada. (Continúa en la próxima entrega).

Para contacto:

jorgealumbrerascastro@gmail.com


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