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Una Ley de Seguridad Interior para la Ciudadanía: el debate – Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

  • Jorge A. Lumbreras Castro

El Senado de la República tiene ante sí el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados para promulgar una Ley de Seguridad Interior, este hecho motivó un debate entre diferentes actores sobre la conveniencia de tener una ley en  la materia y sobre sus contenidos. En principio es necesario asentar que esta Ley establece definiciones necesarias para que la acción del Estado mexicano sea clara y precisa (Artículos 1, 2, 4 y 20), que establece la figura de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que será la única forma para que las Fuerzas Armadas participen en esta materia, así como un Protocolo de Actuación (Artículos 18, 19, 20 y 23). Con ello se evitan interpretaciones que dañan a la institucionalidad pública nacional, entre estas, la propia seguridad interior que a la fecha no está definida en ninguna parte, en pocas palabras nadie sabe qué es. A continuación se exponen algunos elementos del debate y sus posibles respuestas.  

Ha de subrayarse que entre los grupos que se oponen a la Ley existen diferentes lecturas y distancias en sus planteamientos, desde quienes asumen una postura de honestidad intelectual, democrática y civilista hasta los que son financiados por gobiernos distintos al nacional, pasando por organizaciones con propuestas claras de política pública que aprecian con desencanto una Ley que, a su modo de ver, admite que la seguridad pública no puede ser resuelta por las autoridades civiles en detrimento de la seguridad ciudadana que sí necesita la República y para la cual se han destinado grandes recursos financieros, materiales y humanos.    

  1. Se militariza el país. Falso. La Ley no tiene en su articulado algún ordenamiento que de forma directa o indirecta lo suponga, por el contrario la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la geografía de las misiones, la definición de las tareas, y el tiempo de actuación (Artículos 4, 5, 17 y 20).
  2. Se dan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para usar la fuerza letal contra manifestaciones pacíficas. Falso. La ley señala explícitamente lo contrario, en especial el respeto a los derechos humanos. (Artículos 1, 2, 8 y 20)
  3. Las Fuerzas Armadas estarán por encima de las autoridades civiles y podrán actuar de forma discrecional. Falso. Se prevé que las instituciones del más alto nivel en el orden civil como es el Consejo de Seguridad Nacional, estarán a cargo de la autorización y seguimiento de las acciones de las Fuerzas Armadas, que sólo actuarán con base en la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior;¡, donde se prevé un Protocolo de Actuación. En su caso aplicará la normatividad relativa a la propia Seguridad Nacional (Artículos 5 , 6, 10, 11, 12, 13 ,14, 20, 22 y 23)  
  4. Se señala que todas las misiones serán confidenciales y podrán espiar sin limitación alguna. Falso.  La Ley prevé mecanismos lícitos y claros de transparencia y acceso a la información. (Artículos 7, 30).
  5. Las Fuerzas Armadas son responsables de violaciones a los derechos humanos como en Ayotzinapa. Falso. Las violaciones a estos derechos no tienen que ver de forma condicional con la presencia del Ejército o la Marina, sino con violaciones a la propia disciplina militar y a la Ley. En Ayotzinapa la responsabilidad fue y es de polícias municipales, políticos locales y nacionales, así como de gobernantes civiles. (Artículos 7 y 27).
  6. No existe un límite en la permanencia del Ejército en las calles. Falso. La Ley establece en primer término que su presencia obedece a solicitud de los civiles, que será de un año y podrá postergarse a solicitud de los civiles. (Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16)  
  7. Las acciones de los militares quedarán impunes. Falso. La Ley permitirá establecer con claridad las violaciones a la disciplina militar y a los derechos humanos al definirse y esclarecerse sus acciones. (Artículos 2, 3, 7, 11 y 34).
  8. Habrá detenciones extrajudiciales que violarán los derechos humanos. En realidad la Ley siempre ha previsto que cualquier persona puede presentar a otra ante las autoridades cuando esté cometiendo un delito, esto lo hacen el Ejército y la Marina hace años, el problema ahora es precisamente que al no ser policías llega a  considerarse ilegal la detención y salen libres porque no siempre hay un policía donde son detenidas las personas que cometen un delito, estos casos son públicos, notorios, evidentes y de todos los días. (Artículos 2, 3, 7, 11, 27 y 34).
  9. La presencia de las Fuerzas Armadas genera violencia. Falso. Lo que genera la violencia son los intereses de la delincuencia organizada que se disputa negocios de miles de millones de dólares en delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsión y hasta explotación de recursos naturales como son los casos de minas, y productos agropecuarios.
  10. No queda claro el nivel de responsabilidad en la Ley las misiones de la federación en especial del Ejército y la Marina Armada de México. Falso. La Ley señala que las acciones que realicen las Fuerzas Armadas tendrán la condición de seguridad interior y se apegarán a la ley (artículos18 y 34).

En suma, estos argumentos de los grupos que se oponen a la Ley de Seguridad Interior son en su mayoría inciertos en cuanto a los contenidos de la propia Ley. Artículo por artículo de la Ley no se desprenden ni se infieren: militarización, impunidad, detenciones extrajudiciales, unilateralidad de misiones, discrecionalidad, atribuciones meta-constitucionales, ni violaciones de derechos humanos con consentimiento del Estado.

En evidencia, los diferentes grupos que se oponen a la Ley saben todo esto;  sin embargo, de dónde proviene entonces la oposición en varios casos terminante a la Ley, las respuestas son múltiples y podrían extenderse por decenas de páginas, sin embargo, es pertinente también recuperar aquellas que tienen elementos de política pública reales y consistentes, por ejemplo las siguientes:

  1. No se crean incentivos para mejorar las policías en el país. Parcialmente cierto. Si se mantiene la estructura actual, algunos gobiernos estatales y municipales podrían mantener o en su caso delegar la responsabilidad de la seguridad pública en las Fuerzas Armadas. Ha de señalarse que las acciones de seguridad interior no son las de seguridad pública (Artículo 18)  
  2. Se expone a las Fuerzas Armadas al proceso de convertirlas en policías. Parcialmente cierto. Existe la visión en algunos grupos de interés del país y extranjeros por convertir a los Ejércitos de México y América Latina en policías, la Ley de Seguridad Interior es una salida que permite especializar a las Fuerzas Armadas en estas tareas pero no anula esta intencionalidad, por eso la propia Ley asentó que las acciones de seguridad interior o deberán considerarse de seguridad pública.
  3. La presencia de las Fuerzas Armadas no reducirá la violencia ni la criminalidad. Parcialmente cierto. Su misión no es suplir a las policías, a la procuración de justicia, ni al Poder Judicial, sino actuar en defensa de la sociedad cuando las instituciones democráticas y la gobernabilidad estén en riesgo por las acciones de la delincuencia organizada. (Artículo 18) sin embargo, la eficacia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia está fuera de todo debate al apreciar las cifras de detenciones, destrucción de plantíos y aseguramiento de drogas, aeronaves, embarcaciones, dinero y armas de fuego. Lo cual por cierto es suscrito por una buena parte de los actores que hoy se oponen a la Ley.

Como puede apreciarse,  se está ante varias paradojas simultáneas:

1) Se pide el apoyo, se reconoce y celebra públicamente los resultados de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada pero se opone darles un marco jurídico para las misiones que realizan en apoyo a las autoridades civiles.

2) Se pide que el Ejército regrese a los cuarteles de inmediato o de manera paulatina y a la vez se señala que las policías del país no pueden por sí mismas enfrentar a la delincuencia organizada.

3) Se pide el regreso programado del Ejército a los cuarteles apostando a fortalecer las policías pero, en el proceso de que esto ocurra, no se quiere una Ley de Seguridad Interior que encuadre jurídicamente la presencia del Ejército en estas misiones.

4) Se señala que la presencia del Ejército en las calles representa una amenaza a las instituciones democráticas y a la par se acusa que esa delincuencia infiltró espacios de decisión pública democrática, policías y hasta ciudadanos.

5) Se pide que el Ejército permanezca en las calles, que las policías se fortalezcan en la ruta del tiempo, pero asumir el costo de mantener abiertas las líneas de cuestionamiento a las Fuerzas Armadas que debilitan su legitimidad, credibilidad y confianza pública.

Ni el Ejército ni la Marina Armada de México merecen estar en medio de una discusión política que los actores democráticos debieron prever hace años o en su caso resolverla hace tiempo. Apostar a dejar a la ciudadanía a expensas de la delincuencia organizada es un despropósito, también lo es debilitar a las Fuerzas Armadas para que asuman el costo político de una controversia civil,  pero más grave aún es suponer que la serie de omisiones acumuladas en materia de mando único, delincuencia organizada, sistema de justicia penal acusatorio, y trata de personas, que fueron conocidas por todos los actores civiles desde hace una década se decanten en señalar a nuestras propias instituciones.