IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Hace 10 años, 22 hombres originarios de San Luis de la Paz, Guanajuato, salieron con rumbo a Estados Unidos para trabajar, pues habían sido contratados; desde ese 21 de marzo de 2011 sus familias no volvieron a saber de ellos; sólo uno ha sido encontrado en esta década y estaba dentro de una de las fosas cladestinas de San Fernando, Tamulipas; del resto, no hay ningún rastro que dé consuelo a sus familias.
Hace 10 años, también, nació el Colectivo Justicia y Esperanza, el primero que se organizó en el estado para buscar a desaparecidos y el cual formado en su mayoría por mujeres. Son madres, hermanas, hijas, tías y sobrinas que aún no abandonan la esperanza de saber en dónde están sus familiares. “Prohibido rendirse”, es una de sus máximas.
El camino no ha sido fácil para el Colectivo Justicia y Esperanza, sin embargo en el último año se ha complicado. En 2019 consiguieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les aportara apoyos alimenticios para las familias de los desaparecidos; sin embargo, por las turbulencias continuas de esta institución se dejaron de brindar esos apoyos, además de que debido a la pandemia de la Covid-19 también se ha complicado y es un año en que están en el desamparo las familias de este colectivo.
“Hacemos un llamado a la persona que será electa como titular de la CEAV y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que se regularice la entrega de nuestras medidas”, manifestaron en su documento para dar a conocer el cumplimiento de su primera década de lucha y de trabajo.
El Colectivo Justicia y Esperanza ha visto pocos avances en esta década.
“No hemos tenido por parte del gobierno líneas claras de investigación y búsqueda. Hemos aportado información fundamental para la investigación a la FGR (Fiscalía General de la República), sin embargo, no hemos recibido análisis de contexto que asocien casos semejantes y determinen patrones, en la misma temporalidad de los hechos”.
Además, este colectivo en conjunto con Junto con el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos se han opuesto a los cambios planteados desde finales de 2020 por la FGR a su Ley Orgánica, todavía en discusión en la Cámara de Diputados y sobre todo a los cambios a la Ley General en Materia de Desaparición que significaban un retroceso.
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“Estos implicaban el deslinde de la FGR de sus responsabilidades en el Sistema Nacional y un mensaje muy negativo para la colaboración con la búsqueda, los Protocolos que hemos construido y las familias en general. Si por un lado la Ley General ha sido un buen avance, por otro, la fiscalía tarda y se resiste a aplicarla cabalmente”, señala el colectivo.
Para el colectivo Justicia y Esperanza, aún hay muchas deficiencias en las diligencias y el debido proceso ministerial y de investigación por parte de la FGR acerca de sus casos y la justificación que les han dado, dicen, es que no ha habido seguimiento debido a la pandemia, así como el estancamiento de las mesas de trabajo sobre los casos por parte de los ministerios públicos.
“En México, las mujeres hemos adquirido mayor conciencia del papel que tenemos en este país y, como buscadoras de los nuestros, exigimos que los gobiernos de todos los niveles apliquen medidas con enfoque de género y diferenciado para garantizar nuestros derechos a la búsqueda, a la justicia y a la reparación”.
