Ante la propuesta de eliminación del costo de inscripción en los programas de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la institución comentó que ve difícil la petición de diputados locales ya que se requiere de un fondo especial que no se tiene disponible en la entidad.
“Hay fondos extraordinarios que tienen 0 recursos, la Ley General de Educación Superior establece que para la gratuidad debe existir un fondo extraordinario para que eso pueda suceder y no lo hay, se requiere de un fondo especial el cual no está”, expresó.
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Agregó que debido a los recortes presupuestarios que se han dado del Gobierno Federal, existen algunos fondos extraordinarios que se encuentran sin recursos y para el ejercicio fiscal 2022 se prevén 3 mil millones de pesos, la misma cantidad que se tuvo en 2021 y que fue limitada para la universidad.
“En términos reales estamos hablando de un sostenimiento de acuerdo al nivel del índice inflacionario, estamos hablando de un fondo de un aproximado de 3 mil millones de pesos pero siempre es un aproximado”, dijo.
Actualmente la universidad cuenta con más de 50 mil personas en la comunidad educativa, de ellos más de 43 mil son estudiantes, más de 2 mil 500 son profesores y el resto son personal administrativo, todos con actividades académicas activas. En cuanto a clases presenciales solo el 25 por ciento de los estudiantes está acudiendo de forma física a los planteles educativos.
Fue la diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del grupo parlamentario del partido MORENA, quien presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al Patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario, a que lleven a cabo las acciones necesarias para reducir en su totalidad los aranceles de inscripción, al menos, a todos los programas académicos de nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciaturas.
Explicó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establecía que la educación era un derecho humano intrínseco y además constituía un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos; siendo el principal medio que permitía a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades.
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