Funcionarios y agentes antinarcóticos de Estados Unidos se hicieron la vista gorda ante la corrupción mexicana durante décadas, según un informe que fue publicado este jueves por la oficina del senador estadounidense Chuck Grassley y que pide repensar la futura cooperación en materia de seguridad.
Grassley, copresidente republicano del Comité Senatorial sobre Control Internacional de Narcóticos, ha sido una espina en el costado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a menudo acusándola de la mala administración de los recursos y de no supervisar las operaciones en el extranjero a pesar de la creciente evidencia de problemas.
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Los esfuerzos de Grassley por interrogar a los líderes de la DEA y buscar respuestas han sido recibidos en gran medida con silencio, lo que llevó a su oficina a tomar la medida inusual de escribir sobre los fracasos percibidos en los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para luchar contra los cárteles de la droga.
Siguiendo las acusaciones de corrupción hasta la década de 1980, el informe de Grassley acusa a generaciones de funcionarios estadounidenses de ignorar los sobornos de funcionarios mexicanos para obtener su cooperación en la incautación de drogas y el arresto de traficantes. Pero hacerlo puso en riesgo a los agentes estadounidenses y perjudicó la lucha a largo plazo contra los cárteles.
"Durante los últimos 40 años, los funcionarios estadounidenses han pasado por alto la corrupción generalizada en México a favor de cooperar y canalizar recursos hacia actores extranjeros", dice el informe.
"Los costos fueron enormes en términos de vidas humanas y recursos de los contribuyentes", según el informe, que pedía al Congreso de Estados Unidos que reevaluara las políticas de cooperación en materia de seguridad de Washington en el hemisferio occidental.
La DEA dijo que sigue evidencia en todo el mundo, incluida la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción pública.
"La DEA sigue comprometida incansablemente a trabajar en estrecha cooperación con nuestros socios en Estados Unidos y nuestros homólogos mexicanos para salvar vidas llevando a los narcotraficantes ante la justicia e interrumpiendo la cadena de suministro de drogas ilícitas", dijo un portavoz de la DEA.
La presidencia de México no respondió a una solicitud de comentarios.
En privado, muchos funcionarios de la DEA han dicho en el pasado que es imposible obtener resultados en México sin la cooperación de funcionarios locales, algunos de los cuales sospechan que son corruptos.
El informe se suma a las crecientes críticas, particularmente de los republicanos, de que la administración Biden ha sido ineficaz en su lucha contra el fentanilo y no logró que México tomara medidas más enérgicas contra los grupos criminales que producen y trafican con el opioide sintético.
"Este informe pinta un panorama desagradable de los esfuerzos de lucha contra las drogas de Estados Unidos en México y deja claro que necesitamos una mejor respuesta y una supervisión más estricta de este tema por parte del Congreso", dijo Grassley en un comunicado enviado a Reuters.
"Debemos responsabilizar a las agencias federales estadounidenses y a los funcionarios mexicanos corruptos y tomarnos en serio el fin de los cárteles y la protección de nuestras comunidades", agregó.
Casos de corrupción mexicana de alto perfil
El informe señala el caso del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna como un ejemplo entre muchos de corrupción mexicana de alto perfil. Alega que la DEA tenía información creíble en 2010 de que García Luna, quien era secretario en ese momento, estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa, pero no compartió la información con el entonces embajador de Estados Unidos en México.
A principios de este año, un tribunal estadounidense condenó a García Luna por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.
El informe también alega que la DEA tenía información creíble de que el comandante de una de las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés), que eran equipos de élite de policías mexicanos examinados que trabajaban con agentes estadounidenses, también estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa, pero continuó dándole información sensible.
El portavoz de la DEA dijo que la agencia "dirigió la investigación y el enjuiciamiento" tanto de García Luna como del comandante del SIU, junto con las Fiscalías Federales en Estados Unidos y la Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El informe también destaca el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985 en México. Citando testimonios en el juicio, la oficina de Grassley señala que hubo acusaciones de que Manuel Bartlett, el entonces secretario del Interior de México, estaba vinculado con su asesinato.
Bartlett, quien es un aliado influyente del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y hoy dirige la empresa eléctrica estatal de México, siempre ha negado su participación en el asesinato de Camarena.
La oficina de Bartlett no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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El informe también dijo que la supervisión del equipo de seguridad entregado a México bajo la multimillonaria Iniciativa Mérida fue inadecuada. Inicialmente, el ejército estadounidense brindó ayuda militar a México para luchar contra los cárteles de la droga según los términos de ese acuerdo, anunciado en 2007.
También dijo que el Marco Bicentenario, una nueva iniciativa entre Estados Unidos y México diseñada para abordar la producción de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, y el contrabando de armas, era inviable debido a las restricciones que el gobierno de México impuso a sus funcionarios.