José Antonio N, alias El Marro, sí será juzgado por un juez estatal por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa en contra de servidores públicos, específicamente de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en hechos ocurridos en agosto de 2020, cuando fue detenido.
A través de una ficha informativa dada a conocer por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fue confirmado que fue llevada a cabo durante el jueves la audiencia inicial en contra de José Antonio N., alias El Marro, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
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“En audiencia inicial celebrada el día de hoy 10 de junio, se formuló imputación, al inculpado Antonio ‘N’, por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos” (sic), dice la ficha informativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Durante la realización de la audiencia, a petición de la defensa de “El Marro” fue concedida la prórroga Constitucional, la cual vencerá el martes 15 de junio, cuando a las 9:15 de la mañana será reanudada por videoconferencia.
Será por videoconferencia, debido a que “El Marro” está preso en el penal de El Altiplano por los el delito federal de delincuencia organizada en modo de robo de hidrocarburo, por el cual fue vinculado a proceso, mientras que en Guanajuato tiene pendiente otro proceso por el delito de secuestro agravado, el cual alcanza la pena máxima de 90 años; ahora se suma este delito de homicidio agravado en grado de tentativa en contra de servidores públicos, que en suma alcanzaría otra pena de otros 60 años, en caso de ser encontrado culpable.
El 21 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un juez exoneró a “El Marro” por el delito en contra de funcionarios públicos, por lo que pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) esclarecer el caso.
“Hoy en la mañana vimos que un juez exonera a un jefe de una banda que está preso en Guanajuato, en el Altiplano, José Antonio Yépez, lo exonera del delito en contra de servidores públicos, entonces eso lo tiene que conocer el CJF”, dijo López Obrador en aquella ocasión.
Aunque en su momento se dijo que la exoneración había sido un juez estatal, fue infirmado por autoridades estatales que fue un juez federal quien determinó que no procedía la acusación de homicidio en grado de tentativa; no obstante, Organización Editorial Mexicana también corroboró con autoridades federales e informaron que fue un juez estatal quien determinó la exoneración del ex líder del Cártel Santa Rosa de Lima.
Confiesa “El Marro” crímenes de policías
En junio de 2020, “El Marro” confesó haber ordenado el asesinato de tres policías municipales de Silao, quienes en un retén habían detenido el convoy en el que viajaba su mamá, luego de haber sido liberada por no encontrarle vínculos de delincuencia.
Ese crimen lo dijo a través de un video que el mismo exlíder del Cártel Santa Rosa de Lima ordenó que se difundiera en redes sociales.
Pero no sólo eso: el día en que fue detenido “El Marro”, la madrugada del dos de agosto, él y sus hombres se enfrentaron a tiros contra agentes ministeriales y federales, quienes lograron someterlo y detenerlo en el operativo implementado para su aprehensión.
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“El Marro” fue detenido en una finca identificada como “La Gallera”, ubicada en la comunidad de Franco de Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, localidad la cual cual en enero pasado fue asesinado el entonces candidato panista a la presidencia municipal, José Antonio Acosta Cano.
La detención de “El Marro” en agosto de 2020 fue porque presuntamente en “La Gallera” tenían a una mujer secuestrada en esa finca y al momento de pedir el rescate, la llamada fue interceptada.
Un dron israelí de la Marina permitió ubicar el lugar en donde se ubicaba y fue detenido junto con sus cómplices.
En prisión
Por ello, “El Marro” permanecerá en prisión, pues aún hay tres procesos en su contra: uno federal, por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de robo de hidrocarburo; otro estatal, por el delito de secuestro agravado, y ahora, si fuera vinculado a proceso, sería por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de servidores público.
En 2018, los diputado de Guanajuato una reforma que penaliza de 30 y hasta 60 años de prisión a quien asesine a un policía en Guanajuato.
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