El gobierno mexicano no sólo deberá imponer medidas contra la decisión de Estados Unidos de otorgar un subsidio a los vehículos que sean fabricados en ese país, por sindicatos estadounidenses y que además usen baterías producidas en ese territorio, sino que eventualmente tendría que estar pensando en aplicar un plan similar como alternativa, para que la producción de vehículos no disminuya e incentivar que haya mayor adquisición de unidades en territorio mexicano.
Así lo manifestó el secretario general del Sindicato de la Industria Metal Mecánica (SITIMM), Alejandro Rangel Segovia, quien señaló que en un primer momento se ve positiva la reacción que tuvo el gobierno mexicano en voz de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, de tomar medidas contra la disposición de Estados Unidos; sin embargo, señaló que México debe apostar por una similar, para incentivar la adquisición por parte de los mexicanos de vehículos producidos en territorio nacional.
“Lo que allá se está implementando en Estados Unidos, donde Joe Biden, su presidente, está diciendo ‘ciudadano norteamericano: si usted adquiere un vehículo producido por trabajadores sindicalizados, van a tener este subsidio que oscila entre un 20 y 30% del valor total del vehículo; si eso lo decimos aquí o aplicamos alguna fórmula que amortigüe el costo de los vehículos, vamos a tener una demanda creciente de la adquisición de los mismos de vehículos producidos en México y con trabajadores sindicalizados”.
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“Yo lo veo maravilloso, aplaudo mucho esa posibilidad y ojalá y la veamos cristalizarse o alguna muy parecida”, dijo el también responsable de los contratos colectivos de las plantas de Honda, en Celaya, y Toyota, en Apaseo el Grande.
Sin embargo, Alejandro Rangel comentó que si no hay una respuesta por parte del gobierno mexicano, entonces sí habría repercusiones que incluso podrían provocar una eventual mudanza de la producción que tienen las empresas automotrices en México hacia Estados Unidos y lo que significaría pérdida de empleos.
“Nosotros traemos, en el mejor de los casos, para vehículos chicos, como son los que produce Honda Celaya, un 40% de venta para el mercado nacional y 60% para exportación; de ese 60%, entre 45% y 50% se va a Estados Unidos y el otro 10% se va a Canadá y en los demás casos son peores, porque por ejemplo en el caso de la Tacoma, de Toyota, estamos hablando de una exportación de 95%, del cual probablemente 80% se va a Estados Unidos, entonces imaginemos las transformaciones que pudiera haber por la necesidad de conseguir ese subsidio por parte de las armadoras y sin duda estarían reduciendo sus márgenes de producción acá y tendrían que llevárselas para allá”.
No obstante, Alejandro Rangel comentó que el gobierno mexicano aún está en posibilidades de negociar con Estados Unidos, pero también para ver el escenario alterno que podría construir, para de alguna manera buscar que un mayor porcentaje de los vehículos que se producen en México puedan quedarse en el país, sobre todo para tomar camino e ir en la misma vía en la que irán los estadounidenses, quienes tienen proyectado que un alto porcentaje de los vehículos que se produzcan y vendan en 2030 sean eléctricos.
El líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica dijo que una guerra comercial entre México y Estados Unidos no sería sana, pues incluso los estadounidenses tendría más que perder, porque no tienen la cadena de proveeduría suficiente y entrar en un conflicto por dicha proveeduría no sería benéfico ni para ambos países ni para la región, que aún sigue siendo una de las más competitivas a nivel mundial.
Recientemente, el Congreso de los Estados Unidos dio entrada a una propuesta que analiza otorgar créditos fiscales que pueden llegar a los 12 mil 500 dólares a quienes compren un vehículo eléctrico ensamblado en aquel país; además, otros 500 dólares si las baterías incluidas en dichos modelos eran fabricadas en el vecino país al norte.
