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León,Gto.- El gobierno de León debe de formular acciones que promuevan acciones de municipalización en los 300 fraccionamientos irregulares con que se cuenta, y ejecutar las garantías de aquellos fraccionadores que incumplan para subsanar el daño causado a miles de familias leonesas que son víctimas.
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De esta forma fue manifestado durante la rueda de prensa convocada por el Partido Revolucionario Institucional en León, para enmarcar las acciones que la fracción lleva al interior del Ayuntamiento “Municipalización de Fraccionamientos en León”, que establece la presencia de 300 fraccionamientos en condiciones irregulares y que carecen de la prestación de servicios básicos.
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Se dijo que esta situación afecta a poco más del 20 por ciento de la población en el municipio y que ha sido promovidas por acciones de fraccionadores que lo único que buscan es enriquecerse a costo de la necesidad de un espacio en donde vivir y que lleva a muchas personas a caer en engaños, afirmó el regidor Alfonso Orozco Aldrete.
De acuerdo a las propuestas anunciadas destaca: la modificación al reglamento de Obra Pública y Desarrollo Urbano del municipio, mejorar la supervisión de las obras de urbanización, además de otorgar más facultades a dependencias y sobre todo la simplificación administrativa en los trámites de nuevos desarrollos.
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Destaca entre lo propuesto diagnosticar la situación de cada fraccionamiento y un sistema de evaluación de desarrolladores, sin pasar por alto el mejoramiento reglamentario de las áreas competentes, así como el código territorial del estado de Guanajuato y finalmente generar propuestas para la municipalización de fraccionamientos en virtud de su situación, por acuerdo de ayuntamiento, ejecución de garantías por convenios con Sapal, CFE entre otros.
El municipio de León debe de exigir garantizas a los fraccionadores y ejecutarlas, aunque para este fin la dirección de Desarrollo Urbano, debe de conocer y estar conceptualizada de la verdadera problemática que enfrentan miles de familias locales, y proponer alternativas para mejorar sus condiciones de vida y sancionar a los promotores de esta condición.
