/ miércoles 9 de octubre de 2019

Tribunal Electoral descarta discusión sobre consulta de Ley Bonilla

Se declararon incompetentes para resolver las impugnaciones en contra de la consulta ciudadana sobre la Ley Bonilla del próximo 13 de noviembre

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declaró incompetente para resolver las impugnaciones en contra de la consulta ciudadana sobre la Ley Bonilla, a celebrarse el próximo domingo 13 de noviembre.

Por unanimidad, los magistrados electorales de la Sala Superior determinaron que al no tratarse de una consulta en los términos de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, el caso es de naturaleza distinta a la electoral.

“Su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo”, determinó el Tribunal.

Este domingo, a iniciativa del Congreso de Baja California, se llevará a cabo una consulta sobre cuánto tiempo debe de durar la próxima gubernatura: dos años como lo marca la constancia de Gobernador electo que tiene en su poder Jaime Bonilla, o cinco años como lo dice la reforma que aprobó, pero sigue sin publicarse y que fue aprobada por la pasada Legislatura local.

Es de recordar que la elección de Bonilla Valdez fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas la semana pasada; sin embargo, sus magistrados no se pronunciaron sobre la ampliación de su periodo de gobierno.

Ayer la Suprema Corte desechó por notoria improcedencia, una controversia con la que el Gobierno de Baja California buscaba forzar la publicación de la “ley Bonilla'” que prolonga de dos a cinco años el periodo del Gobernador electo.

En julio pasado, la Corte desechó las primeras impugnaciones presentadas por los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana en contra de la reforma aprobada en el Congreso de Baja California con la cual se amplió el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declaró incompetente para resolver las impugnaciones en contra de la consulta ciudadana sobre la Ley Bonilla, a celebrarse el próximo domingo 13 de noviembre.

Por unanimidad, los magistrados electorales de la Sala Superior determinaron que al no tratarse de una consulta en los términos de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, el caso es de naturaleza distinta a la electoral.

“Su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo”, determinó el Tribunal.

Este domingo, a iniciativa del Congreso de Baja California, se llevará a cabo una consulta sobre cuánto tiempo debe de durar la próxima gubernatura: dos años como lo marca la constancia de Gobernador electo que tiene en su poder Jaime Bonilla, o cinco años como lo dice la reforma que aprobó, pero sigue sin publicarse y que fue aprobada por la pasada Legislatura local.

Es de recordar que la elección de Bonilla Valdez fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas la semana pasada; sin embargo, sus magistrados no se pronunciaron sobre la ampliación de su periodo de gobierno.

Ayer la Suprema Corte desechó por notoria improcedencia, una controversia con la que el Gobierno de Baja California buscaba forzar la publicación de la “ley Bonilla'” que prolonga de dos a cinco años el periodo del Gobernador electo.

En julio pasado, la Corte desechó las primeras impugnaciones presentadas por los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana en contra de la reforma aprobada en el Congreso de Baja California con la cual se amplió el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

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