Un hombre quien ya está encarcelado, sujeto a una investigación formalizada, consideró a una persona de sexo mujer en condición vulnerable, como un objeto a quien explotó y comercializó, incluso la promocionó en redes sociales.
La intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de menores (UECOT), logró rescatar a la víctima, hoy sujeta a tratamientos especializados de atención, conformados por equipos interdisciplinarios en medicina, psicología, y personal especializado en procuración e impartición de justicia.
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El delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual fue cometido contra una mujer de 26 años, en situación de vulnerabilidad y bajo condiciones de exclusión, desigualdad y falta de oportunidades, entre otros factores, lo que facilitó que el hoy detenido la ofreciera como esclava sexual en sitios de internet.
En su intervención, los agentes de investigación criminal, bajo la dirección y conducción del Ministerio Público, se encargaron de realizar los actos de investigación necesarios sobre esta denuncia y localizar al imputado, con una orden de aprehensión en su contra.
José Alberto “N”, de 43 años de edad, fue detenido sin oponer resistencia y llevado a audiencia con un Juez de Control. La Fiscalía General de Justicia lo acusó como presunto responsable del delito de trata de personas, y un Juez valoró los elementos de prueba, y consideró que debe enfrentar un proceso penal, retenido en prisión como medida cautelar.
En la narrativa del Ministerio Público por la imputación al sujeto de 43 años, se expuso que este prostituyó a la víctima en los primeros meses de 2022 en esta ciudad. El presunto delincuente obligó a la ofendida a realizar un promedio de 6 servicios al día, con un costo de hasta 3 mil pesos cada uno.
La mujer, cuyo nombre se omite para preservar su integridad, dijo en su denuncia, que el sujeto identificado como José Alberto “N”, la obligaba a entregarle el dinero una vez que le pagaban por el encuentro sexual.
El Ministerio Público pudo establecer que en plataformas de internet se promocionaba a la víctima.
