La gran corrida
Sin eufemismos, el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez, admite que si el gobierno federal liquida al seguro popular –lo que ya está anunciado-, también podría desaparecer la misma secretaría de Salud.
También desaparece Prospera, que empezó como Solidaridad en el Salinato y ahora es la secretaría del Bienestar.
En Guanajuato van a echar a la calle a 406 empleados y trabajadores de Prospera, mismos que ya estaban despedidos por su patrón el gobierno federal, pero que todavía van a cobrar hasta la primera quincena de abril, gracias al gobierno estatal, que ya no puede con el paquete.
Por las mismas andan otros mil 500 trabajadores y empleados de las estancias infantiles, que ya no existen para el gobierno federal y el programa como tal va en camino de liquidación.
No es el total de la gran corrida, la película completa de misterio y terror, sólo la tiene el presidente López Obrador. En las entidades los super delegados no saben el tamaño de los recortes, ni motos ni cuántos burócratas están siendo despedidos.
Lo último que se supo de los super delegados es que el presidente los regaño porque se tardan en elaborar los padrones para la caridad pública, todavía no se sabe cuántos ancianos, niños con discapacidad, alumnos de primarias y universitarios van a cobrar las becas.
Esta vez no se trata de corrupción, al parecer es simple incapacidad.
En cuanto a los despidos masivos, no hay reacciones, tal vez porque en la sorpresa, en la manera un tanto dramática en que se va desgranando la gran corrida de la burocracia, apenas si les da tiempo de organizarse. El hecho real es que ya no los quieren, sobran.
Lo que tampoco se sabe es quienes los sustituyen. Porque hay tareas del gobierno federal que no se extinguen, especialmente en el rubro de la seguridad social, sólo que no está claro hasta dónde llegan los recortes y cuántos son los afectados, sólo que son miles y lo paradójico es que votaron por Morena.
Amago
El flamante delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, advierte que después de la ciudad capital, León es la ciudad con el mayor número de recintos históricos. En un primer cálculo, si es que existe un padrón, el funcionario calcula que hay unos 250 inmuebles a los que sus propietarios no pueden tocar ni con el pétalo de la más obvia reparación, mantenimiento o remodelación.
En Guanajuato capital la autoridad del INAH se alza como un freno a la conservación de la ciudad declarada patrimonio histórico. Son tan largos, complejos y a veces ridículos los trámites para reparar o remodelar las viejas construcciones que literalmente se están cayendo a pedazos. Los funcionarios federales habrían dejado a la autoridad municipal en calidad de testigo del colapso del centro histórico.
El problema es que ahora voltean a León, donde de inmediato suplantan la autoridad de la dirección municipal de Obra Pública.
Infiltrados
Los cuatro funcionarios municipales de Salvatierra ejecutados al estilo de la mafia, obligan a la secretaría de Gobierno a actualizar el mapa político de Guanajuato para determinar hasta donde los gobiernos municipales están infiltrados, acosados, sometidos o a salvo del crimen organizado.
Hay ejemplos contundentes de complicidades en el caso de Villagrán y los demás municipios que se mencionan en las grabaciones de los mafiosos. Al parecer no son casos aislados ni temas exclusivos de la Fiscalía General, el tamaño del problema cuestiona la gobernabilidad, cae en el resorte directo de la secretaría de Gobierno.
