El año pasado, fueron detenidos 87 operadores de cárteles mexicanos en el extranjero, cifra que duplicó a la registrada en 2021, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Estas personas son los llamados invisibles, una generación de narcotraficantes alejados de la excentricidad de los capos de la droga de los años 80 y 90, que se mueven en países como Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia o Brasil como si fueran turistas.
La mayoría de ellos (63), son presuntos emisarios del Cártel de Sinaloa o del Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fueron capturados en zonas por donde se mueve la cocaína en el Pacífico, el Caribe y en la frontera entre Colombia y Venezuela. El resto, se trata de connacionales detenidos por traficar droga en su cuerpo, llamados burros, o intentando vender droga.
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El modus operandi de estos invisibles, explicó Daniel M. Rico, experto colombiano en temas sobre narcotráfico, consiste en viajar en clase turista, pasean por los países como cualquier paseante, se reúnen con líderes criminales locales para cerrar los negocios o reforzar las alianzas. Vuelven a salir del país en vuelos comerciales, como cualquier turista o empresario. Los encuentros se llevan a cabo en lugares públicos como hoteles o restaurantes y utilizan varios pasaportes para no ser identificados.
“Son gente mucho más formada que la que fundó el negocio hace más de cinco décadas, capaz de moverse con solvencia económica entre las clases altas y pasar debajo del radar de las fuerzas antidroga mundiales con asombrosa habilidad. No visten con ropa de marca ni viajan en autos lujosos, ni siquiera se transportan en aviones privados”, explicó el experto en entrevista con El Sol de México.
De acuerdo con la SRE, de los connacionales detenidos el año pasado, 71 son hombres de entre 27 y 50 años de edad y el resto mujeres de entre 22 y 35 años.
Jorge Vidal, también experto en temas sobre seguridad y narcotráfico, coincidió en que los invisibles han proliferado en Latinoamérica a medida que los cárteles mexicanos han arrebatado el control del mercado de la cocaína a los grupos colombianos. Según el informe 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre cocaína, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de esa droga, pero son las mafias extranjeras, principalmente los cárteles mexicanos, las que controlan el negocio.
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“Sin el problema de que tengan que luchar por territorios, porque ellos no luchan por los laboratorios ni tienen que pelar las rutas del mercado, cumplen el papel de supervisores de lo que se está comprando. Cierran el trato y supervisan los envíos para que la droga llegue a México y de ahí salga por las distintas rutas hacia otras partes del mundo”, afirmó Vidal.
La extensión de las redes de los cárteles mexicanos en América Latina será uno de los temas que el presidente López Obrador abordará en la visita a Colombia.
Junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, López Obrador pretende dar un giro de 180 grados a la estrategia que por décadas ha aplicado la mayoría de los países de la región, con el apoyo de Estados Unidos, para combatir con la fuerza militar a los narcos, para enfocarla a la prevención del consumo y la regulación.
El encuentro, en opinión de los especialistas, es bienvenido, aunque es altamente improbable que los aliados para vencer este flagelo estén en América Latina, ni tampoco en los gobiernos de izquierda de la región.
Bolivia, explicó Vidal, es progresista en lo que refiere a la hoja de coca, pero su aproximación frente al uso de drogas es de mano dura. En Perú, entre la crisis política, y la inercia, hay muy poco ambiente para hablar de estos temas, mientras Chile está inmerso en un difícil proceso constitucional, contexto en el que las drogas no tienen un papel prioritario y Uruguay, pionero mundial en la regulación del cannabis, tiene ahora un gobierno desinteresado en esta agenda.
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Y está México, —agregó Vidal— donde López Obrador llegó a la presidencia con una campaña que, similar a la de Petro, propuso desmontar la guerra contra las drogas y avanzar hacia la regulación, pero que, tras cinco años de gobierno, entregó la totalidad de la estrategia sobre drogas a las agencias de seguridad y defensa, intensificó la militarización, y desplegó campañas sobre el uso de drogas plagadas de desinformación.
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