En México hay 48.6 millones de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), si a esto consideramos que el costo de la democracia equivale en 2023, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos a más de 13 mil millones de pesos, es de pensarse si requiere ponerse en una balanza, la pobreza y los comicios.
La discusión sobre el dinero y las elecciones no es nueva, más en este momento donde se han adelantado los tiempos electorales para la sucesión presidencial, y tanto el partido gobernante como el frente opositor han iniciado la selección de su futuro candidato que competirá por la presidencia.
Al respecto, han surgido muchas interrogantes sobre todo de dónde provienen los recursos que se utilizan en los actos, quién los fiscalizará, qué harán las autoridades electorales ante un vacío legal, entre otras más.
Durante muchos años el proceso de desarrollo de nuestras instituciones políticas permaneció estacionario, dentro de un sistema de partidos políticos débiles y poco desarrollados, sin competitividad política en las luchas por el poder y sin alternancia en el ejercicio de este.
Esto explica por qué después de diversas reformas a la legislación electoral mexicana desde 1977 -por marcar una fecha- cada una ha ido respondiendo a las circunstancias políticas del momento, lo que queda claro en 2023, es que el marco jurídico electoral de 2007 adecuado en 2014 está rebasado y desgastado, ya no hay tiempo para reformarlo, pero a futuro deberá efectuarse para evitar la realización de actos netamente electorales sin regulación, entre otras cosas.
La democracia que los mexicanos deseamos ejercitar está estrechamente relacionada con el Estado de derecho, lo que implica que el funcionamiento de nuestras instituciones este sometido al imperio de la ley, elaborada con el consenso de aquellos a quienes está destinada su aplicación, y que quienes desempeñan transitoriamente las funciones de gobierno, entiendan el valor de la oposición como contrapartida del mismo, respetándola por los beneficios que ella aporta para el mejoramiento de las prácticas políticas y así evitar que la Corte los batee.
Al menos una próxima reforma debe considerar: una mayor libertad de expresión dejando de lado mordazas; valorar una reducción de los recursos públicos electorales (costo de la democracia); prevenir el uso indebido de las TIC´s y la inteligencia artificial, particularmente la difusión de información falsa o inexacta; normar el financiamiento privado; prevenir el no ingreso de dinero ilícito y la seguridad de los contendientes en un país manchado de sangre.
Es de pensarse que en las actuales circunstancias del desarrollo político en que nos encontramos, se requieren elecciones libres y transparentes, pues la esencia de la democracia en el campo electoral se encuentra en la posibilidad de competencia y la alternancia en las tareas de gobierno, donde el ciudadano es el que decide.
